Los planes del gobierno Santos de vender el 57,6 por ciento de la Nación en Isagén se enredan cada vez más, a tres meses de que culmine este periodo presidencial y al margen de la decisión tomada hace 42 días por el Consejo de Estado que suspendió la privatización.
En el Tribunal Administrativo de Cundinamarca avanza el estudio de otra medida cautelar para suspender la venta. Esta vez es solicitada por el colectivo Dueños de Isagén como parte de su acción popular, luego de que no hubo conciliación con el Gobierno en la audiencia del martes pasado.
"Tuvimos la oportunidad de exponer y aclarar al magistrado ponente que nuestras motivaciones son distintas a las que llevaron al Consejo de Estado a dictar medidas cautelares. Estamos alegando el derecho constitucional del sector solidario que violó el Gobierno al no permitir adquirir mayor participación en la primera etapa de venta", explicó a este diario Rodrigo Toro Escobar, quien representa los intereses de más de 400 trabajadores, exempleados y jubilados de Isagén.
Ahora Dueños de Isagén espera qué decide el alto tribunal ante la solicitud de suspensión del proceso, lo que no tiene un tiempo establecido, y más adelante falle de fondo en la acción popular.
De esa manera, en caso tal de que el Consejo de Estado levante la suspensión, el Tribunal de Cundinamarca deberá decidir sobre la acción popular de Dueños de Isagén, así como por la otra interpuesta por el expresidente Álvaro Uribe, mediante su apoderado Guillermo Rodríguez, a comienzos del mes pasado.
"Confiamos que el Tribunal no falle en contra, pero si es así -concluye Rodríguez-, podremos acudir como última instancia al Consejo de Estado para lograr frenar la venta de ese activo estratégico de la Nación".
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