El tema de la seguridad en Medellín sigue siendo de primer orden, al punto que ayer el alcalde, Aníbal Gaviria, y su vicealcalde de Gobernabilidad, Luis Fernando Suárez, se reunieron con el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y los altos mandos de la Fuerza Pública para seguir explorando soluciones.
La cita fue en Bogotá y en la misma se ratificaron compromisos ya adquiridos de apoyo del Gobierno Nacional y se creó una mesa de trabajo para analizar la modificación del Decreto 399 de 2011, que establece la organización y funcionamiento de los Fondos de Seguridad y el Impuesto del 5 por ciento de obra pública para Seguridad y Justicia, señaló el vicealcalde Suárez.
A esto se suma la ratificación de que la semana entrante, y por orden presidencial, el general José Roberto León Riaño, director General de la Policía, despachará desde Medellín en la búsqueda de estrategias para reducir la criminalidad.
Presencia institucional
Para Diego Corrales, analista en seguridad ciudadana y director de Enciudad, la presencia del general envía un signo de institucionalidad.
"Los temas de seguridad pasan por hechos reales y por el clima de percepción, entonces todos los operativos, retenes, el Plan Candado, el Plan Red que se aplica desde el lunes, más la presencia del general, son actos que ratifican la institucionalidad, el mensaje es que se afronta el problema desde la máxima instancia".
Corrales sostiene que la criminalidad en Medellín se está dando porque hay estructuras bien montadas y organizadas, lideradas por hombres que llevan en ellas 20 años o más y que si son capturados o abatidos, llegan los segundos o terceros a asumir el mando.
"Esas estructuras no se combaten con prevención o inversión social sino formando una red institucional igual de fuerte que les diga que si están en su actividad delictiva van a ser combatidos", precisó.
Advirtió que una estrategia de seguridad, además de liderazgo, requiere trabajar cinco elementos: la percepción, la prevención, la disuasión, la coerción y la sanción. "Si falla uno, fallan todos los demás".
Y sugirió que hay que tener una política para garantizarles oportunidades laborales, de estudio e incluso subsidios, a jóvenes en riesgo, "porque están en contextos sociales adversos que los lleva a la delincuencia" y aún pueden ser atraídos institucionalmente.
Coerción y prevención
Para Diego Herrera Duque, presidente del Instituto Popular de Capacitación -IPC-, en Medellín "hay un manejo político errado del tema de la seguridad" y si el Gobierno Nacional está interviniendo, "es porque admite que es un problema real, reconoce que hay déficit en sus resultados".
El investigador afirma que hay que combinar lo coercitivo y lo preventivo y señala como fundamental una buena coordinación entre las autoridades locales y nacionales.
Por último, advirtió que la criminalidad no es un tema exclusivo de la ciudad sino un fenómeno metropolitano y de las subregiones.
El concejal Jesús Aníbal Echeverri, quien propuso militarizar la ciudad y crear un impuesto de guerra, expresó que es positivo que el alto mando policial despache en Medellín, pero recordó que lo mismo se ha hecho en otras ocasiones "sin resultados".
"El problema lo debe coger de forma directa el Gobierno Nacional aportando recursos, tecnología y hombres de alta capacidad e inteligencia para enfrentar a los bandidos".
Dice que no ve al Gobierno pensando en un proyecto integral a corto, mediano y largo plazo contra la criminalidad.
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