El momento político en el que nació la Unión Patriótica (UP) no podría ser más parecido al que se vive en la actualidad.
El gobierno del presidente Belisario Betancur adelantaba negociaciones con las Farc y como resultado de estas negociaciones, el 1 de octubre de 1984 esa guerrilla anunció desde La Uribe, Meta, el nacimiento de la Unión Patriótica, como una alternativa para las elecciones de 1986.
Del partido que estuvo conformado en su mayoría por dirigentes del Partido Comunista y de movimientos de izquierda, también hicieron parte guerrilleros activos. De ahí que los sectores políticos tradicionales, algunos miembros de organismos del Estado, carteles de las drogas y los nacientes grupos de autodefensas vieran a la UP como un brazo político de las Farc.
Por eso, al tiempo que comenzó el repunte político de la UP, los grupos paramilitares aliados con los carteles del narcotráfico y algunos miembros de organismos del Estado comenzaron la persecución de ese movimiento el cual, según el expresidente Belisario Betancur en su libro "La palabra bajo fuego", derivó en un genocidio político.
Jaime Pardo Leal fue su primer candidato a la Presidencia, en la que resultó elegido Virgilio Barco. Sin embargo, el potencial de la UP se notó en las elecciones regionales para las cuales alcanzó tres escaños en el Senado, cuatro en la Cámara, 24 diputados y 275 concejales. Alcanzaron alta representación en departamentos de Antioquia, Meta y Córdoba.
En 1988, la UP contaba con 16 alcaldes y 256 concejales. El Meta era su mayor fortín político, pues lograron cuatro alcaldes y 47 concejales. Clara López Obregón, actual presidenta del Polo Democrático, fue candidata a la Alcaldía de Bogotá.
Genocidio político
Oficialmente se han reconocido 1.598 casos de muertes de miembros de la UP y la impunidad ronda en el 91 por ciento. Sin embargo, según la Fundación Manuel Cepeda Vargas, creada en honor al senador de la UP asesinado en 1994, cerca de 5.000 personas cercanas a la UP fueron víctimas de desaparición, torturas y homicidios.
Entre las víctimas, señala la Fundación, se cuentan dos candidatos a la Presidencia, ocho congresistas, cientos de alcaldes y concejales y miles de activistas locales. El mayor pico de los ataques se vivió entre 1984 y 1989.
Esto llevó a que en las elecciones de 2002, el movimiento no presentara candidatos y, por lo tanto, no alcanzara una curul en el Congreso ni recibiera los 50.000 votos que exigía la Ley 130 de 1994 para conservar su personería jurídica, lo que llevó a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) se la retirara.
En 2010, Ricardo Pérez González y Jeritza Merchán Sánchez, presentaron una demanda ante el Consejo de Estado en la que pidieron suspender temporalmente las resoluciones 5659 y 7477 de 2002 que determinaron la pérdida de la personería jurídica del partido.
Los reclamantes argumentaron que dado que la UP estaba sometida a un genocidio político ese grupo no pudo presentarse a las elecciones y, por lo tanto, cumplir con los requisitos de la ley.
El martes, la Sección Quinta del Consejo de Estado le devolvió la vida jurídica a la UP al asegurar que en 2002, el CNE no consideró el "estado de fuerza mayor que padecía el partido respecto a su capacidad real de participación política".
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