Veinte años de turbulencia social, económica y política bastaron para que Estados Unidos viera diezmada su influencia en América Latina, y ese “patio trasero”, proveedor de materias primas y garante de la continuidad de políticas capitalistas y democráticas, se transformó en un rompecabezas cuyas piezas no terminan de encajar.
El centro de poder se traslada lentamente de norte a sur, pasando de un eje central omnipotente a múltiples polos que dan forma a bloques cuyas cabezas visibles lideran varios organismos multinacionales.
A esa primera iniciativa de integración que significó la OEA, con E.U. al timón y otros 34 países de la región como actuales miembros, aparecieron otras opciones que giran cada vez con mayor fuerza alrededor del gigante suramericano gobernado hoy por Dilma Rousseff: Brasil.
Al Mercosur y la Comunidad Andina siguió la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), para muchos una OEA que incluye a Cuba y excluye a E.U. y Canadá.
El profesor de Ciencias Políticas de la UPB, Adolfo Maya, considera que los organismos políticos actuales en la región no responden, por su falta de equidad, a una verdadera dinámica de integración.
“Los entes supranacionales económicos son también muy asimétricos, pues el Mercosur es muy benéfico para Brasil y Argentina y no para Uruguay y Paraguay”, señala el analista.
Pero el ascenso de Brasil, sexta economía mundial, es evidente. Creó el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, y lo puso al servicio de Latinoamérica, e impulsó en la Unasur la creación del Consejo Suramericano de Defensa, para integrar las industrias bélicas regionales.
En el aspecto político, aparece también el socialismo bolivariano del presidente venezolano Hugo Chávez, quien se vale de la renta petrolera para rodearse de Gobiernos afines a sus políticas, como Bolivia, Ecuador, Cuba y Nicaragua, agrupándolos en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (Alba).
Este bloque intenta oponer al Sistema Interamericano de Derechos Humanos algún organismo similar, “pero mientras no tengan una alternativa a la carta de derechos existente, es muy difícil”, explicó Carlos Franco , ex director del Programa de Derechos Humanos durante el Gobierno Uribe.
Por su parte, el venezolano Emilio Nouel, experto en relaciones exteriores, no le ve futuro a la Alba “pues no es un esquema de integración”.
