Lejos de encontrar sosiego, el debate sobre la reforma en salud promovida por el Gobierno den el marco de la Emergencia Social, sigue vigente.
Mediante un comunicado de prensa de cinco puntos, el Gobierno busca hacer claridad sobre algunos de los elementos de mayor inquietud en la gente lo que para muchos representa modificaciones de fondo al impacto de los decretos.
Una de las normas establece que los tratamientos médicos no incorporados en el POS debían ser cofinanciados con el uso de cesantías, entre otras fuentes. Ahora se dice que ello operará sólo en casos excepcionales y sólo para usuarios ricos.
También se habló de "castigos"económicos a los médicos que receten por fuera de los planes obligatorios, ahora se habla de respetar la decisión de los equipos médicos.
De la misma manera se cometanba el recorte de servicios ante la unificación de los sistemas contributivo y subsidiado. Ayer se dijo que no habrá recorte.
El tema se ha instalado en casi todos los debates públicos y políticos. Los concejales Luis Bernardo Vélez y Fabio Humberto Rivera han manifestado su interés en mantener viva la discusión. Vélez convocó a una sesión extraordinaria de la corporación, mientras que Rivera afirmó que aunque "los decretos tienen cosas necesarias para salvar al sistema de salud, las buenas pueden ser mejoradas mediante una ley discutida ampliamente con la academia, con el sector de la salud y con los usuarios".
Rivera asegura que "los colombianos no hemos entendido el alcance perverso de tres artículos en el decreto 128. El 11 habla de los medicamentos, procedimientos, insumos y dispositivos necesarios que no están en el POS, y que por lo tanto los debe pagar, financiar y costear el paciente, si tiene capacidad de pago".
El director de la Seccional de Salud de Antioquia, Carlos Mario Rivera Escobar, opinó que en el medio de esta polémica están los entes departamentales y municipales. "En principio, estamos de acuerdo con que la Emergencia Social resuelve problemas estructurales. Le apunta a la cobertura universal en salud y a la homologación que se quiere hacer del POS".
Sin embargo, para Rivera Escobar hay un problema de fondo en la competencia de los entes territoriales y de los recursos que se asignan para la financiación del sistema y la homologación del POS.
"Los recursos del Sistema General de Participaciones, que tienen destinación para los entes territoriales, serían transformados en 90 por ciento y devueltos a un patrimonio autónomo. Esos recursos vienen para la atención de la población pobre no asegurada, del POS subsidiado y salud pública. Otro tema que vemos con preocupación es la transformación de las rentas cedidas a los entes territoriales. La reforma tiene que respetar el principio de autonomía que tienen los entes y segundo que no pueden entregar espacios fiscales que pongan en riesgo muchos programas sociales y de inversión".
La voz de los médicos
A los pronunciamientos de las asociaciones médicas se sumó ayer el de la Academia Nacional de Medicina, cuyo director, Gustavo Malagón, deja claro que la Academia ha manifestado en diferentes ocasiones su protesta frente a las medidas, "por lo que representa una creciente desprofesionalización de la medicina, que se encuentra atrapada en un sistema de aseguramiento que es de carácter eminentemente comercial".
Acorde con el comunicado, para la Academia los decretos expedidos significan la abolición del componente más importante: la autonomía del profesional de la salud.
Por su parte, Luz Victoria Salazar, directora de Acoper, una de las asociaciones para pacientes de alto costo, expresó que la declaratoria de emergencia y los decretos "pasaron de ser una esperanza para la vida de los pacientes que depende o puede llegar a depender de un procedimiento o medicamento no POS, a un atentado dirigido desde el Estado a sus ciudadanos".
Pico y Placa Medellín
viernes
0 y 6
0 y 6
