La saturación del sistema judicial, el hacinamiento carcelario, un enfoque de salud pública y menos represión son los argumentos para que vuelva a sonar la propuesta de despenalización del consumo de drogas, esta vez a nivel global.
El tema cobra relevancia para Colombia, que en las últimas décadas ha pagado un alto costo en vidas humanas, desapariciones, mutilaciones y pérdidas incalculables en bienes, al liderar a lucha antidrogas en el mundo bajo el modelo de la persecución judicial.
De hecho, el Gobierno reconoce que problemas del país como el conflicto armado, la delincuencia organizada y otros flagelos sociales se alimentan del narcotráfico, cree necesario cambiar el modelo antidrogas en el mundo.
El planteamiento lo hizo ayer desde Praga, por intermedio de la canciller María Ángela Holguín. "Hay que tener una postura abierta y propiciar un cambio respecto a la política antidrogas, porque lo que ha habido no ha funcionado", dijo la funcionaria.
Tras las nuevas posturas en la ONU, que el pasado martes sugirió por primera vez en su historia la despenalización del consumo de estupefacientes, Holguín consideró "que en Colombia creemos que tiene que haber un cambio definitivo en la política antidrogas en un debate global".
En un informe de 22 páginas, la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito indicó que "la despenalización del consumo de drogas puede ser una forma eficaz de descongestionar las cárceles, redistribuir recursos para asignarlos al tratamiento y facilitar la rehabilitación".
En Colombia, la sobrepoblación en las cárceles se atribuye a que la mayoría de reclusos ingresan por posesión y tráfico de narcóticos, por encima de la dosis personal permitida. También se concluye en el informe que, dado que los índices de consumo se mantiene estables, "los tratados alientan "alternativas a la prisión" y que se debe considerar a los consumidores de estupefacientes como "pacientes en tratamiento" y no como "delincuentes".
Pero la decisión no puede tomarla un solo país debido a los tratados internacionales vigentes desde hace 50 años, advierte Viviana Manrique, investigadora y Directora del Observatorio de Drogas Ilícitas y Armas de la Universidad del Rosario.
"Creo que esa decisión aún está lejana y que estas posturas son un inicio del replanteamiento de la política antidrogas con prelación de la salud pública sobre la persecución judicial".
Manrique sostiene que una decisión así implica modificar la legislación internacional y los sistemas penales en cada país y eso toma tiempo.
"Las dificultades son los contextos sociales diferentes. Mientras en Holanda y Portugal se ve normal el consumo, en países como México y Colombia es percibido como origen de delincuencia, degradación social y fuente de financiación al narcotráfico o las guerrillas", comentó.
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