La cantidad de "delfines" que tenemos en el Legislativo colombiano evidencia la ausencia de renovación en la clase política. Los cargos son para los mismos con las mismas y más cuando son de elección popular.
El próximo Congreso no va a ser la excepción.
Lo más preocupante de este fenómeno es cuando se eligen a familiares de políticos investigados o encontrados culpables de graves fechorías.
En Colombia no existe el delito de sangre. Eso es claro e importante. Nadie es culpable de las contravenciones de una persona más allá que la persona misma.
Ahora bien, al candidatizar para el Legislativo a hijos de políticos que se favorecieron de paramilitares, se demuestra que en muchas regiones del país los congresistas se siguen eligiendo a dedo, no por los votantes, sino por los grandes barones electorales que deciden quién se postula, y también por las fuerzas ilegales que con dinero o fuerza deciden el caballo ganador.
Y los partidos políticos tienen toda la responsabilidad en esto. Son ellos los que otorgan los avales para una candidatura y los criterios para eso son objetivos. Una relación cercana con miembros del paramilitarismo debería ser una causal de rechazo inmediato.
Pero esto parece no tener importancia a la hora de mantener la influencia regional, sobre todo para el Partido Conservador, ya que usando uno de los apellidos de los clanes electorales, aseguran su vigencia en regiones como la costa colombiana.
Finalmente lo que sucede con esta situación es que los políticos enredados por relaciones comprobadas con paramilitarismo u otros gravísimos delitos, siguen gobernando o legislando pero en cuerpo ajeno. Y qué mejor cuerpo para eso que un hijo o hermano.
Una cosa está probada. Los familiares de estos políticos llegan al Congreso y no pasa nada. Los partidos no los castigan, los electores tampoco, y menos se investiga de dónde vienen los recursos para sus campañas o si la mano de grupos ilegales estuvo ayudando para conseguir su éxito como en el caso de sus padres.
La lista de los familiares de los políticos cuestionados que buscan llegar al Legislativo es larga.
Entre los casos más preocupantes están el de Nadia Blel Scaff y Luz Estela Cáceres Morales, en Bolívar, y avaladas por el conservadurismo. La primera hija de Vicente Blel, senador condenado en 2010 a siete años de prisión por sus nexos con paramilitares, y la segunda es la hija de Javier Cáceres Leal, quien fue condenado en 2012 a nueve años por su relación con el Bloque Héroes de los Montes de María.
También está la candidatura a la Cámara por Boyacá de Ciro Alejandro Ramírez por el Centro Democrático, quien es hijo del senador boyacense Ciro Ramírez, condenado por parapolítica. O el caso de Yamina Pestana, avalada por el Partido Conservador para su candidatura al Senado, y hermana de Pedro Pestana, un médico condenado por sus relaciones con las autodefensas.
Ejemplos sobran. Y aunque de nuevo el delito de sangre no existe y sus familiares son los únicos culpables, estos candidatos no han demostrado que son idóneos para representar al país y sus credenciales más significativas son tener los mismos apellidos que sus familiares detenidos por relaciones con grupos ilegales.
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