El primer ministro dimisionario israelí, Ehud Olmert, será interrogado este jueves por la Policía en su residencia oficial de Jerusalén por octava vez en los últimos meses, informa la edición electrónica del diario Haaretz.
El interrogatorio es el primero que afronta Olmert desde que el pasado 21 de septiembre el controvertido jefe del Ejecutivo israelí presentara su renuncia.
Según las fuentes, esta nueva investigación se centrará en las sospechas de corrupción que pesan contra él por favoritismos a la hora de conceder ayudas públicas a un amigo.
El supuesto delito habría sido cometido entre 2003 y 2006, cuando el político era aún ministro de Industria y Trabajo en el gobierno que dirigía el entonces primer ministro, Ariel Sharón.
Al parecer, Olmert habría concedido ayudas millonarias, procedentes del Centro de Inversiones Públicas, a una empresa vinculada con su abogado y amigo Uri Messer.
Aunque la Policía dejó entrever que existen pruebas suficientes, a última hora prefirió cuestionar de nuevo al primer ministro dimisionario para atar algunos cabos sueltos.
La investigación
El diario apunta, asimismo, que las pesquisas de este jueves podrían también versar sobre el denominado "caso de la Calle Cremieux de Jerusalén", relacionado con un supuesto tráfico de influencias.
Olmert habría facilitado favores a un contratista, a cambio de un descuento significativo en la compra de una vivienda.
Este es el primer interrogatorio policial que afrontará el primer ministro dimisionario israelí desde que hace apenas dos semanas presentara su renuncia y la titular de Asuntos Exteriores de su Gabinete, Tzipi Livni, ganara las elecciones internas de su partido Kadima y se le encargara la formación de un nuevo Gobierno.
Olmert, al que se le acusa tambien de haber aceptado importantes sumas de dinero de un empresario judío estadounidense y de haber estafado a varias instituciones públicas para sufragar viajes de su familia, ha pasado la última parte de su mandato bajo el constante escrutinio de la Justicia.
Estos dos últimos casos están en manos del fiscal general del Estado, Menahem Mazuz, que debe decidir si se abren los procesos.
