Los opositores autonomistas de Bolivia presentaron este domingo una "señal de buena voluntad" al anunciar el fin del bloqueo de carreteras en las regiones enfrentadas al Gobierno de Evo Morales, pero se niegan a devolver las instituciones estatales tomadas en los últimos días.
Con este gesto, los opositores pretenden que el Gobierno corresponda "con las mismas señales" ante el diálogo previsto hoy en La Paz entre el representante de los opositores, el prefecto de Tarija (sur), con el Gobierno central, según explicó el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz (este), Branko Marinkovic.
Marinkovic anunció ante la prensa que "todos" los bloqueos de carreteras que los comités y sus aliados mantienen en su departamento serían levantados en la tarde de hoy, y aseguró que similar medida adoptarán los comités cívicos de los departamentos opositores del Oriente boliviano.
Este anuncio se produjo después de que fracasara un intento de los prefectos opositores de Santa Cruz, Tarija y Beni (este) de viajar a Cobija (extremo norte), donde rige el estado de sitio tras los disturbios de las pasadas 48 horas que se saldaron con una treintena de muertos.
Sin embargo, Marinkovic dejó claro que otra es la situación de las instituciones gubernamentales tomadas en los pasados días en Santa Cruz, principal foco opositor. Aseguró por un lado que las tomas "han terminado", pero excluyó una inmediata devolución de estas al Gobierno central.
Estas instituciones -entre ellas de telecomunicaciones, tributarias y de registro de tierras- "han sido puestas en manos" de la Prefectura (Gobernación) de Santa Cruz", que determinará cuáles se quedarán y cuáles corresponde devolver a la administración central, explicó Marinkovic.
Señal ineficiente para el Gobierno
La "señal de buena voluntad" de los opositores es, sin embargo, "insuficiente" para el Gobierno de Evo Morales que exige además la devolución de las entidades públicas y el cese de los ataques a las refinerías y red de gasoductos del país.
El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, hizo esta advertencia a los opositores en La Paz, donde no obstante reafirmó la voluntad del Gobierno de continuar el diálogo para pacificar el país.
El control de estas instituciones está en el corazón del conflicto entre el Gobierno de La Paz y los opositores autonomistas del sur y el oriente del país, que reivindican un régimen de autogobierno para sus territorios.
Por su parte, el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, dijo a Efe que pidió a los grupos autonomistas más radicales, y concretamente la Unión Juvenil Cruceña, que calmen los ánimos y se abstengan de peleas campales con piquetes "masistas", esto es, afines al Movimiento al Socialismo del presidente Morales.
Con ello hacía referencia a las refriegas producidas el sábado entre "masistas" y cruceños en El Torno, 30 kilómetros al norte de Santa Cruz, donde los jóvenes de UJC intentaban levantar un piquete de campesinos afines al MAS, unas refriegas que dejaron a un joven cruceño "en estado de coma", según dijo este domingo Marinkovic.
Sin embargo, un diputado autonomista radical dijo a Efe que hay jóvenes cruceños que no escucharán los llamados a la calma y podrían tomar venganza por lo sucedido el sábado.
Marinkovic acusó al Ejército de "disparar contra el pueblo", y a la policía de "ponerse al lado del MAS", por lo que ve necesaria una misión de la ONU para poner fin a la tensión en el país.
En Santa Cruz
Lo más singular es que la ciudad de Santa Cruz vivía una auténtica jornada de domingo, con cientos de personas acudiendo a la misa semanal en la Basílica y los restaurantes llenos de familias con aire despreocupado.
El prefecto cruceño se reunió este domingo con el cardenal Julio Terrazas en un enésimo intento de que la Iglesia medie en la crisis, poco después de que los obispos bolivianos emitieran un comunicado conjunto condenando todo tipo de violencia.
En la puerta de la Basílica de Santa Cruz, grupos de activistas pedían "duelo por las víctimas de Pando", acompañados por banderas autonomistas.
Los sucesos de Pando no han sido todavía esclarecidos, pero ni los autonomistas ni el Gobierno central han tenido inconveniente en calificar lo sucedido de "genocidio" contra el pueblo pandeño, aunque difieran sobre la autoría de los hechos.
