A los 19 años, Jhuven Lowis Robledo jugaba a soportar una vida de adulto. Como si fuera un veterano señor, todos los días se encaramaba en un andamio a pulir techos de cerámica, pensando en poder llevar la leche a sus dos hijas recién nacidas.
A eso de las 5:00 de la tarde, su jefe le hacía señas para que se fuera a estudiar y, de paso, a que terminara de afinar sus responsabilidades de grande.
La reciente muerte de Jhuven, abaleado a las afueras del Liceo Concejo de Itagüí, no difiere mucho de la de otros alumnos que saliendo de clases fueron recibidos a bala.
De los 65 estudiantes que han asesinado este año en Medellín, 45 eran menores de edad y siete (estos últimos corresponden al Área Metropolitana), fueron acribillados al término de su jornada académica.
La pregunta que retumba en la opinión pública no puede ser otra: ¿cuál es el origen de la racha? Investigadores judiciales, cercanos a los casos, aseguran que es necesario tener en cuenta el entorno social de los muchachos víctimas.
La mayoría, dice la fuente, han muerto en las comunas 5, 6 y 13, que es donde más hay presencia de combos delincuenciales.
"Muchos de los fallecidos, han tenido algún tipo de relación con bandas, bien porque hayan pertenecido a ellas o porque tuvieron alguna controversia o amenaza".
El reclutamiento de menores es un fenómeno innegable, pese a que no existan documentos que lo acrediten. "Es información que obtenemos por fuentes no formales", agrega.
Los victimarios eligen los colegios, según se desprende de las investigaciones, porque es allí donde los muchachos están más desprevenidos y vulnerables.
Uno de los casos que más conmocionó a la ciudad ocurrió el pasado 28 de julio, en el barrio Kennedy. A la salida de la institución educativa que lleva el mismo nombre, fue asesinado un muchacho de sólo 16 años, quien según los vecinos no podía cruzar de un barrio al otro.
A los dos días, a una cuadra de donde se estaba llevando a cabo el velorio, fue muerto a tiros un ex soldado de 23 años, al parecer a manos de los mismos que segaron la vida del estudiante.
Sin embargo, este es uno de los casos en los que no se ha producido ninguna captura. "No ha pasado nada, no porque no se haya investigado, sino porque ha sido compleja la judicialización y búsqueda de los presuntos autores", añade.
El director del CTI, Luis Hernández, asegura que otro de los grandes escollos en la investigación criminal es que la gente siente miedo a la hora de hablar y son pocos los elementos que aportan a la investigación.
Diferente ocurrió luego del crimen de Juan Camilo Martínez, un estudiante de la jornada nocturna de un colegio de San Antonio Prado. En menos de 48 horas, la Policía Metropolitana del Valle del Aburrá ya estaba anunciando la captura de dos jóvenes al parecer involucrados en el hecho.
Gracias al trabajo del CTI de la Fiscalía y a cierta presión que ejerció la comunidad, recientemente se presentó a las autoridades una joven de 23 años de edad, quien reconoció haber participado en la riña que terminó con la muerte de una jovencita de 17 años, en una institución educativa del barrio Santa Cruz.
El panorama en el Casd José María Espinoza Prieto, de El Pedregal, tras la muerte violenta de Jant Alejandro Chica, hace más de dos meses, ha mejorado sustancialmente.
El rector Yesid Gallego dice que la presencia institucional (Secretaría de Educación, Gobierno y Policía) ha permitido que, gradualmente, regresen los estudiantes que estaban amenazados. "Era un absurdo que los muchachos no pudieran ni venir a estudiar, pero esto se está normalizando", dijo.
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