No obstante que de tiempo atrás en los planes fiscales de distintos gobiernos se había contemplado la enajenación de la parte que la Nación tiene en Isagén y que el mercado había dado por descontado que esto ocurriría en cualquier momento, el anuncio de venta hecho por el Gobierno Santos ha generado controversia.
A Isagén se le percibe como la expresión por excelencia de la necesaria presencia que el Estado debe tener en una actividad que es fundamental para el desarrollo del país y que puede resultar de vital importancia en momentos críticos de la Nación, tanto económicos como en materia energética.
Sin embargo, el Gobierno considera que su participación en Isagén ya no resulta necesaria porque la empresa se muestra sólida y eficiente, al tiempo que la industria ha alcanzado un alto nivel de madurez y opera bajo un marco de una adecuada competencia. Adicionalmente, el sector cuenta con una regulación que ha funcionado debidamente.
Este reconocimiento que se hace de la capacidad que tiene el regulador de prever y de afectar de manera oportuna al mercado y a sus actores para garantizar los intereses de la sociedad, es la razón de fondo que soporta la decisión de que el Estado ya no tiene que hacer presencia directa en el sector, pues idénticos resultados se logran con una adecuada regulación.
Esta posición le implica al Gobierno una gran responsabilidad: deberá estar atento y vigilante para que la regulación y el ente regulador establezcan los marcos de incentivos que aseguren el bienestar general.
De otra parte, el Gobierno ha decidido que, frente a los graves problemas que aquejan el desarrollo de la infraestructura vial, los cuales afectan la capacidad competitiva de la economía, los recursos que la Nación tiene invertidos en Isagén rinden un mayor beneficio social si estos se dirigen a financiar parte de los programas de concesiones viales de 4G.
Hasta ahora, y no obstante que intuitivamente dicho argumento puede sonar razonable, el Gobierno no ha presentado las cifras que sustentan su decisión. Al hacerlas públicas se confirmaría la seriedad con la que el Gobierno ha actuado, al tiempo que, al despejarse las dudas, se consigue mayor apoyo ciudadano.
De todas formas, el Gobierno debe disponer de los mecanismos que garanticen que los recursos de la venta se destinarán realmente a financiar el desarrollo de la infraestructura.
Al igual que en años recientes, la decisión de venta de Isagén responde a las necesidades que tiene el Gobierno de financiamiento de la inversión. Dicha operación representa la fuente de menor costo para financiar el gasto en infraestructura. Si vende a Isagén se ahorra el gasto financiero que implica un endeudamiento en cuantía igual a los 4,5 billones que aspira obtener. Se estima que podría ahorrarse, por diez años, 300 mil millones de pesos anuales por concepto de intereses.
Sin embargo, el anuncio abrupto de la venta de Isagén pone al descubierto las necesidades de financiamiento del presupuesto de la Nación y representa un cuestionamiento a la eficacia de la reforma tributaria de diciembre pasado. En ese momento el Gobierno sostuvo que no era necesario aumentar el recaudo y ahora aparece urgido buscando cómo financiarse.
El Gobierno Santos se la ha jugado con la venta de la participación en Isagén, pero, no obstante lo válido que pueda resultar la medida, aún quedan dudas de diverso orden que deben ser absueltas.
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