El control a los centros que realizan procedimientos estéticos le está quedando grande a las autoridades de salud. Esta es la percepción de la ciudadanía, según un sondeo de opinión realizado por EL COLOMBIANO. Una mirada más cercana al tema parece comprobar que esta idea es también una realidad.
Hasta 1.464 días pueden pasar desde que un centro estético que ofrezca intervenciones "mínimamente invasivas" abra sus puertas hasta que reciba la primera visita de inspección de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia (DSSA).
Cada tanto, en medio de un negocio multimillonario del cual se lucran médicos que han olvidado el juramento hipocrático, se suceden las muertes.
Para el 88 por ciento de los encuestados, las tres muertes conocidas por la opinión pública recientemente pudieron evitarse.
¿Dónde está el cirujano?
Una de estas muertes es la de Tatiana Andrea Posada. Su caso reveló una práctica que va contra los más elementales principios éticos de la medicina.
Carlos Alberto Ramos Corena es médico y, según su pagina web, también cirujano estético.
Esta especialidad no es reconocida en Colombia. La sorpresa de la familia de Tatiana Andrea fue encontrar en su historia médica la firma de un profesional diferente a Ramos Corena, éste sí registrado ante la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica.
Dos testimonios concedidos a este diario por clientes de Ramos (ver recuadros) corroboran la denuncia que en los últimos días emitió el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: Carlos Ramos Corena jamás le confesaba a sus pacientes que él no era la persona tras el bisturí.
Después de desmontar una valla que promocionaba sus servicios en plena vía Las Palmas, esta semana el integrante de la Asociación Colombiana de Cirugía Cosmética clausuró su página web y cerró su consultorio, ubicado en el Edificio Forum.
EL COLOMBIANO buscó su opinión y la de la asociación a la cual pertenece pero no obtuvo respuesta alguna.
Para el concejal Guerra, lo más grave es que este no es un caso asilado. En su despacho reposan otros testimonios que involucran más profesionales, los cuales estarían haciéndose pasar por cirujanos plásticos cuando en realidad no lo son.
El buen nombre y la facilidad con la que Ramos Corena ofrecía sus servicios comprueba también que estas prácticas están lejos de ser clandestinas en Medellín. La pregunta que se hace Guerra Hoyos es por qué las autoridades de salud no han tomado cartas en el asunto.
"A mí me preocupa que la Secretaría de Salud se encargue solamente de ver si en una peluquería o en un gimnasio hay las toallas indicadas, si están sirviendo un tinto o un almuerzo", asegura.
Habilitación exprés
Verónica Jaramillo Vargas* trabajó en una de las tantas instituciones de la ciudad que ofrecen servicios estéticos para lo cual no están habilitadas.
A pesar de ser instrumentadora quirúrgica, el médico esteticista que la contrató le impuso la tarea de habilitar el centro ante la DSSA, un trabajo para un auditor en salud. Con temor de que el ente regulador descubriera las incontables y graves irregularidades practicadas en esta clínica, Jaramillo Vargas adelantó el proceso burocrático.
Muchos meses después Verónica no sale de su asombro: la DSSA jamás visitó la sede de este centro pero sí entregó la calcomanía que la habilita para prestar servicios estéticos.
El producto estrella de esta clínica se llama lipólisis láser, una intervención que allí ofrecían como "mínimamente invasiva". Todo lo contrario. Tras aplicar anestesia local -con lo cual estas clínicas deben tener anestesiólogo-, una cánula ingresa al cuerpo del paciente para extraer la grasa del cuerpo. Este procedimiento es, en realidad, una liposucción a todas luces ilegal.
"A la gente le dicen que no se preocupe porque la punta de la cánula es roma. Por más roma que sea la punta, una fuerza mal hecha puede perforar el peritoneo y todas las vísceras", revela.
El engaño también estaba listo si llegaba la DSSA. Esconder cánulas, usted dice esto y usted aquello. El guión estaba preparado. Otra mentira que le decían a los pacientes es que cuentan con convenios hospitalarios y de traslado de emergencia.
Si bien durante los meses que trabajó en esta clínica -que aún funciona- nunca ocurrió un evento adverso que pusiera en riesgo la vida de sus clientes, Jaramillo Vargas enumera las posibles complicaciones que no hubieran tenido una respuesta oportuna. Un embolismo pulmonar, una trombosis coronaria o un severo accidente cerebrovascular seguro hubieran terminado con la muerte del paciente.
"En un centro de estética no hay nadie que sepa de reanimación. No tienen carros de paro ni anestesiólogos", asegura.
¿Y las autoridades qué?
De las personas consultadas por EL COLOMBIANO, apenas el 16,4 por ciento considera que las autoridades de salud entregan la información necesaria para distinguir los aptos para las intervenciones estéticas.
Según el sondeo de opinión, la ciudadanía también raja a los responsables de vigilar este negocio en materia de controles. El 73,2 por ciento opina que éstos no se están adelantando, con lo cual se pone en riesgo la vida de los pacientes.
Esta percepción, anuncia el concejal Guerra Hoyos, afectará el negocio de las incontables instituciones que hacen las cosas bien: "Lo que se afecta es el cluster de la salud, la imagen de la ciudad. Realmente no hay una autoridad que ejerza de manera importante el control y la vigilancia. Llevamos seis años denunciando. Yo quisiera ver el primer médico en la cárcel... no lo veo".
La Secretaría de Salud de la Alcaldía de Medellín sostiene que la vigilancia de los procedimientos invasivos corresponde a la DSSA.
"No existen procedimientos mínimamente invasivos", advierte Pilar Pastor, secretaria de salud de Medellín. "Si están realizando procedimientos invasivos, no corresponde a los centros de estética. En esos casos se toma la medida necesaria que es la clausura temporal", complementa.
De lado de la DSSA, ente adscrito a la Gobernación departamental, se reconoce la necesidad de una normativa "mucho más estricta".
Paola Andrea Salazar Gallego, directora de la Dirección de Calidad y Red de Servicios, considera infortunado el proceso de habilitación que legalmente entrega avales antes de que su despacho visite los centros estéticos.
Además del plazo de cuatro años con el que se cuenta para esta verificación, este proceso tiene que ser anunciado por lo menos con un día de anticipación.
"El único servicio que se verifica antes de entrar en operación es urgencias", señala. Además, la funcionaria reconoce que su equipo de nueve personas es insuficiente para hacerle un seguimiento adecuado a los más de 10.000 centros del departamento que tienen que controlar.
Así las cosas, evitar más muertes por procedimientos estéticos queda prácticamente en manos de cada quien.
Las recomendaciones son las de siempre: verificar que el centro médico esté, más que habilitado, certificado por la DSSA -son dos documentos diferentes-; que el médico haga parte de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (ver recuadro) -puede consultarse en la página web www.cirugiaplastica.org.co-; exigir la presencia de un anestesiólogo antes y durante la intervención; consultar la idoneidad de los especialistas y centros estéticos en el teléfono 3839941, así como no escatimar en gastos.
En intervenciones estéticas, lo comprueban algunas de las tragedias recientes, lo barato sale muy caro.
*Nombre cambiado. Actualización de información A casi seis años de la muerte de Tatiana Andrea Posada Jiménez, el proceso no termina. La familia de la víctima apeló la decisión en primera instancia que ordenó devolver el expediente y negar las pretensiones de la familia, que solicitaba una indemnización económica por la pérdida. La decisión fue tomada el pasado 27 de abril de 2017 el Juzgado 41 administrativo del circuito de Bogotá, en la demanda que además cobijaba a la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, la clínica Quirustetic, la cirujana Ana María Socarrás, el Médico Ramos Corena y el anestesiólogo. La juez del caso consideró que la petición de reparación económica no podía concederse “toda vez que no se logró probar los elementos de responsabilidad” de los demandados. Tatiana murió el 17 de agosto de 2011, cuatro días después de una cirugía practicada en la citada clínica por la doctora Socarras, con Ramos Corena como asistente, según consta en el expediente. En el proceso se estimó que la muerte de Tatiana se produjo -según la prueba científica y el testimonio de un experto en medicina legal citados dentro del proceso- como consecuencia de un tromboembolismo pulmonar sin la presencia de sustancias siliconadas. Los testimonios de los médicos llamados a testificar dentro del proceso evidencian que la un tromboembolismo es factible a partir de la realización de un procedimiento quirúrgico, y que ningún medio sugería que el trombo que llevó a la muerte de la joven hubiera sido causado por la presencia de sustancias no aptas para procedimientos estéticos.
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