Gilberto Acevedo fue educador durante un cuarto de siglo. Terminó su carrera como jefe de Distrito, cargo con el que podía acceder a una pensión honrosa a su calidad profesional. En 1996 la Caja Nacional de Previsión Social determinó, con argumentos inexplicables para él y para su abogada, negarle la pensión de vejez a este hombre de 64 años.
El laberinto judicial que tuvo que atravesar culminó en 2007, con fallo positivo. Cajanal tenía, por ley, 18 meses para empezar a desembolsar los pagos del profesor Acevedo. Justo antes de que se cumpliera ese término, el Gobierno ordenó liquidar la entidad. Hoy, don Gilberto no tiene a quién llorarle su rabia. El ente liquidador, también por ley, tiene dos años para resolver su caso. Así como el de 35.000 expedientes represados.
La abogada Luz Marina López sabe que la liquidación de la caja era inevitable. "Se la robaron por años y nadie hizo nada", dice. Sin embargo, para ella, las soluciones que ha planteado el Gobierno para resolver la situación, ha sido insuficiente.
"Esta es una vulneración de derechos fundamentales. ¿Cómo se puede hablar de una vida digna cuando a los pensionados no les reconocen sus derechos mínimos?"
El caso de Lourdes Bedoya Ortíz no es muy distinto, pero sí más grave. La pensionaron en 1999 por invalidez. Una enfermedad irreversible impedía que continuara como docente en Envigado. Nueve años después de que Cajanal le liquidara irregular e injustamente sus prestaciones, el Consejo de Estado falló a su favor. Doña Lourdes esperó con ansiedad a que llegara el 25 de julio. Se suponía que a partir de esta fecha empezaba a recibir su pensión. Sin embargo, la liquidación de Cajanal se atravesó y ahora la espera se prolonga, por lo menos, dos años más.
Por si fuera poco, su estado de salud requiere de ciertos medicamentos no contemplados en el POS y la EPS no los entrega. La tutela instaurada contra Cajanal por este asunto fue rechazada, por cuanto la entidad ya no existe.
La abogada López no se explica por qué, a sabiendas de que la justicia ha determinado que a muchas de estas personas se les vulneran sus derechos, la entidad no respondió. Con el agravante de que ahora será mucho más complejo reclamar. ¿Ante quién? "Los jubilados, los pensionados, las personas de la tercera edad son los que pagan las consecuencias del desgreño administrativo", lamentó la abogada.
Según información del Ministerio de la Protección, la liquidada entidad estaba conformada por 26.000 cotizantes y 230.000 pensionados y tenía un represamiento de 50 mil solicitudes de reconocimiento de pensiones y prestaciones económicas.
Otro drama es el de la familia Hoyos Gómez. Don Horacio y su hijo, Jorge Mario, perdieron a su esposa y madre en 1997. Poco después, y luego de que Cajanal negara la pensión de sustitución, instauraron demanda contra la entidad. El fallo judicial no los favoreció y ahora no hay a quién apelarle. La viudez ha impedido que don Horacio mantenga un trabajo estable como conductor de camión pues debía estar atento de la educación de su hijo. La única opción de esta familia era obtener un ingreso mediante esa pensión.
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