"Derivar la responsabilidad fiscal del Alcalde Mayor en relación con la contratación de un establecimiento público, que goza de autonomía administrativa, es como imputarle la responsabilidad fiscal al Presidente de la República en relación con la contratación de una entidad del orden nacional, lo cual es a todas luces improcedente".
Así explicó el alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, la determinación de la contralora general de la Nación, Sandra Morelli, de embargar sus bienes por las presuntas irregularidades en el pago de anticipos de la fase III de Transmilenio.
Según el mandatario, la contralora Morelli estableció "de manera improcedente" que existe un título habilitante de gestor fiscal del Alcalde Mayor en relación con la contratación del IDU (Instituto de Desarrollo Urbano), lo cual no se ciñe a la realidad jurídica y fáctica, y contraviene la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Recordó que el decreto ley 1421 de 1993, la Ley 489 de 1998 y el decreto distrital 714 de 1996 establecen que el IDU goza de autonomía administrativa y presupuestal.
De ahí que el representante legal del IDU, o quien éste delegue, es el responsables de la celebración, ejecución y supervisión de los contratos, así como la ordenación del gasto, no el Alcalde de la capital, sostuvo Moreno.
El Alcalde de Bogotá dijo que "si hubo algo que hicimos fue rescatar una obra que estaba parada y tenía muchos retrasos".
"Lo fundamental aquí es que el motivo por el cual se abre juicio de responsabilidad fiscal, al ex alcalde Garzón y a mí, parte de un presupuesto equivocado", afirmó.
Se queda en el cargo
Moreno aseguró que como sabe que hizo las cosas bien no va a renunciar a su cargo y advirtió que sus abogados ya trabajan en pedir la anulación de la orden. "Si hubo algo que se hizo, fue rescatar una obra que estaba parada, que tenía muchos retrasos".
El mandatario también reiteró que la administración del Distrito ha obrado en busca de preservar los intereses de los bogotanos bajo el cumplimiento de la ley.
Una muestra es que el IDU aceptó la propuesta de la aseguradora Segurexpo para que autorizara la cesión del contrato, una vez iniciado el trámite de la caducidad. Por este concepto se recuperaron 69.000 millones de pesos.
"Vamos a tomar los caminos que sean necesarios y vamos a demostrar lo que hemos hecho", señaló el Alcalde de Bogotá.
Por su parte, el auditor general de la República, Iván Darío Gómez Lee, señaló que Moreno tiene una responsabilidad indirecta.
Lucho niega el embargo
Aunque se dijo que el ex alcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, también iba a ser embargado, a través de un comunicado, el Partido Verde desmintió esta determinación.
Según el documento, en la parte resolutoria se menciona que Garzón será vinculado al proceso de responsabilidad fiscal en calidad de presunto responsable, más no aparece en la lista de las personas a quienes el fallo ordena que les sean embargados bienes.
El vocero de los verdes había manifestado en horas de la noche del pasado lunes que desconoce la decisión de la Contraloría General de la Nación y que no ha recibido ninguna comunicación oficial sobre esa determinación.
"Mientras no sea oficializado no puedo decir nada, yo estoy fuera del país y no porque esté asilado (risas), sino por otras razones", señaló Garzón.
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