La condena a 40 años de prisión que le impuso la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al ex gobernador de Sucre y ex embajador de Colombia en Chile, Salvador Arana Sus, por sus nexos con paramilitares y por el asesinato del ex alcalde del municipio de El Roble, Eudaldo León Díaz Salgado, sienta un precedente en las investigaciones del tribunal a políticos supuestamente vinculados a las autodefensas.
"No cabe duda que quienes fungían como voceros políticos legalmente reconocidos, que inclusive escalaron posición dirigente, realmente hacían parte de la cúpula de los grupos paramilitares y en tal condición integraban el directorio de mando que diseñaba, planificaba, proyectaba, forjaba e impulsaba las acciones que debía desarrollar la empresa criminal en aras de consolidar su avance y obtener más réditos dentro del plan diseñado".
Este es uno de los apartes de la sentencia en la que la Sala Penal de la CSJ sustentó las razones por las cuales impuso la condena más alta a un político sindicado de relacionarse con las Autodefensas Unidas de Colombia.
"El político en su condición de miembro de la organización criminal impulsaba no sólo a obtener la permanencia del irregular grupo, sino que pretendía ejercer en espacios o crear los mismos en procura de resultar funcionales a la empresa delictiva", añadió la decisión al vincular el actuar de algunos dirigentes políticos con la "estrategia del crimen", la misma que afirma sirvió para "la toma mafiosa de todos los poderes e instancias de decisión del Estado".
La Sala Penal señaló que los grupos paramilitares, "entre cuyos miembros existían inclusive servidores públicos vinculados a todas las instituciones estatales como ha quedado establecido en el presente caso, desde el momento mismo de su creación tenían como propósito esencial arrasar a todos los ciudadanos u organizaciones que se opusieran a sus propósitos".
Esto, señaló la Corte, sirvió para que fueran ejecutadas "conductas calificadas como delitos de lesa humanidad: torturas, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado y secuestros, entre otros, las mismas que hacían parte de sus diligencias ordinarias".
"No era ningún secreto que en aras de la consolidación de su poder facineroso se tenían que cometer toda clase de conductas criminales y ataques a la dignidad humana de los opositores o de cualquiera que se convirtiera en obstáculo al avance paramilitar", añadió la CSJ.
Cuarenta años y el pago de 2.360 millones de pesos, además de la inhabilitación de derechos y funciones públicas por 20 años, hacen parte de la condena a Arana Sus, acusado por desaparición forzada agravada y homicidio agravado, y coautor de concierto para promover grupos armados al margen de la ley.
"La presente decisión es una muestra de las posibilidades que tiene la justicia colombiana de investigar y sancionar graves crímenes que repugnan a la humanidad", señaló la decisión, al resaltar el papel de la justicia en Colombia.
La Corte se adelantó de paso a posibles injerencias de otras altas corporaciones que puedan interferir en este proceso y afectar la decisión.
"En el evento en que alguna autoridad pretenda la impunidad de los hechos juzgados en el presente asunto, se remitirá copia de la actuación a la Corte Penal Internacional para que avoque su conocimiento en tanto se demostraría que algunas instituciones en Colombia obstruyen la eficacia de la administración de justicia", puntualiza.
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