Es muy difícil, si no imposible, que prospere en el campo internacional la orden de captura emitida por el juez de Sucumbíos contra el ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos. Ya la propia Interpol desestimó la petición que hizo Ecuador de iniciar una acción contra Santos.
No creo que las autoridades ecuatorianas se hicieran mucha ilusión con esta posibilidad. Sabían, seguramente, que no resultaba muy lógico atribuir una responsabilidad judicial a una persona por unos hechos eminentemente políticos en que estuvieron involucrados muchos funcionarios, incluido el propio presidente de Colombia.
Pero el gobierno ecuatoriano aprovechó la orden de un humilde juez de la zona fronteriza para volver a poner en el ámbito internacional su gran malestar y sus reclamos por la violación de su soberanía nacional con ocasión del ataque al campamento de Raúl Reyes y la racha de muertes que se produjeron allí.
Lo volverán a hacer cada vez que se presente alguna oportunidad. No descansarán hasta obtener de Colombia un resarcimiento por aquellos hechos ¿Qué buscan? No lo sabemos. Quizás saber la verdad completa de lo que ocurrió con Raúl Reyes y el contenido de su computador. Quizás recibir una clara aceptación de un error y la promesa de que no volverá a ocurrir.
Lo cierto es que ahora cuentan con un ambiente internacional mucho más favorable a sus pretensiones. En los tiempos de Bush la agenda antiterrorista prevalecía sobre la agenda de derechos humanos y la soberanía. El gobierno colombiano compró esa agenda y no se preocupó por analizar la situación específica de nuestra región latinoamericana. Algunas de las acciones en las fronteras estaban inspiradas en esa idea de Bush.
Ahora eso ha cambiado. Obama ha recuperado la idea de que en el combate al terrorismo no se deben abandonar los principios democráticos y el respeto a la soberanía de los países. Ese giro está causando un gran impacto en las relaciones internacionales. Colombia debería tomar en cuenta esta nueva realidad y buscar una reconciliación con el gobierno ecuatoriano. Debió, incluso, una vez se produjo la orden del juez, buscar de manera urgente al presidente Correa para que este requerimiento judicial no saltara al ámbito internacional.
Pero la respuesta ha sido otra vez equivocada y dura. El presidente Uribe ha utilizado como argumento principal para defender a Santos que este es otro ataque de los amigos y cómplices de las Farc. A lo cual Correa ha respondido que la verdadera agresión es lanzar bombas sobre el territorio de Ecuador. Seguramente, en el consumo interno, esta estrategia de ligar a Correa a las Farc tenga réditos electorales importantes, pero en el exterior no tiene mayor receptividad.
En estos días he oído también que esta decisión del juez y el consiguiente apoyo del gobierno del Ecuador han catapultado las aspiraciones presidenciales de Juan Manuel Santos. Que, de un lado, han obligado al presidente Uribe, quien tenía reticencias con Santos, a cerrar filas en su defensa y, de otro lado, generará un gran apoyo de la opinión.
Quizás Juan Manuel Santos mejore en algo el registro en las encuestas a costa de la exacerbación del nacionalismo contra nuestros vecinos, pero es muy mal expediente para un candidato presidencial el que mantenga una rivalidad tan exacerbada con el segundo y tercer socios comerciales de nuestro país.
Ahora bien, aunque la acción judicial sobre Juan Manuel Santos no tenga mucha acogida en el presente, no se puede descartar de plano que en el futuro ésta y otras implicaciones tengan su desarrollo en los organismos internacionales de justicia. No hay que olvidar que Ecuador tiene en sus manos una resolución de la OEA en la que la intervención en territorio ecuatoriano fue calificada de violación a la soberanía nacional y éste es un soporte que utilizarán las autoridades del vecino país en sus reclamaciones. Lo más aconsejable entonces es insistir en cauces diplomáticos para resolver las diferencias.
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