El Presidente electo, Juan Manuel Santos, ha prometido que la agricultura será una de las cinco locomotoras que jalonen el crecimiento económico y la generación de empleo en el país. Respecto al sector agropecuario, el nuevo gobierno pretende conseguir su despegue "a través de una transformación productiva que duplique el área sembrada, la productividad por trabajador y las exportaciones", al tiempo que "cree cientos de miles de empleos".
En materia de desarrollo rural, el próximo gobierno se propone, entre otras cosas, dotar de vivienda digna a los campesinos; reducir en un 30 por ciento la brecha entre lo urbano y lo rural; ejecutar el Programa de Restitución de Tierra y Bienes; promover alianzas entre pequeños productores y empresarios agrícolas; y conseguir, mediante el Programa de formalización de la propiedad rural, que dos millones de predios tengan títulos de propiedad.
Aunque durante la última década el país ha registrado avances en el desarrollo de los sectores agropecuario y rural, el campo colombiano continúa con serias limitaciones en sus estructuras básicas que no le permiten explotar más intensamente su potencial de crecimiento y desarrollo. Desde mitad de 2008, la tasa de desempleo rural ha venido aumentando progresivamente. A mayo de 2010, dicha tasa era de 8,6 por ciento y el número de desocupados rurales era de 409.000 personas, lo que representa, respecto a mayo de 2009, un aumento del 11,8 por ciento. Las cifras también revelan altos niveles de subempleo y una creciente informalidad del mercado laboral en el campo.
Por su parte, en 2009, el ingreso rural equivalía sólo a una tercera parte del de las ciudades y la pobreza en el campo seguía estando por encima de la urbana. En ese año, el 64,3 por ciento de la población rural era pobre y la pobreza extrema en el sector era de 29,1 por ciento, cuando el promedio en las ciudades era de sólo 12,4 por ciento.
Igualmente, en las bases del desarrollo productivo los avances han sido limitados. Los mercados de los principales factores de la producción, como el de la tierra y el financiero, muestran bajos niveles de desarrollo, lo que restringe el acceso a los mismos. En materia de infraestructura vial, el atraso es significativo. El desarrollo tecnológico y la innovación no han logrado consolidarse como las fuerzas del cambio en el sector. Finalmente, para impulsar el crecimiento agropecuario, el país no ha conseguido diversificar y ampliar sus exportaciones sectoriales, como sí lo han hecho muchos de sus vecinos latinoamericanos, como Perú, Chile, Brasil y México.
Dada la actual situación estructural del campo colombiano, el desafío que se ha impuesto el nuevo gobierno de hacer de la agricultura una de las locomotoras de la economía, le implica no sólo avanzar sobre lo alcanzado hasta hoy, sino afectar aquellas estructuras básicas del sector que por décadas se han mantenido inalteradas.
La historia reciente del país muestra que lograr cambios radicales en dichas estructuras demandan de una decida voluntad política, la cual, a su vez, deberá manifestarse en la implementación de unas políticas y unas instituciones que privilegien lo público sobre los intereses particulares y gremiales, y que logren conciliar, como lo han hecho otros países del mundo, entre ellos China, India y Chile, el crecimiento vigoroso de la producción agropecuaria basado en una economía agrícola abierta, con el desarrollo social de las gentes del campo.
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