La medida de la Corte Suprema dejó evidenciado que la justicia en Colombia tiene posición política. Un gran peligro.
Desde el punto de vista jurídico, el auto inhibitorio a favor de Wilson Borja es un hecho legítimo y apegado al debido proceso. Pero desde la óptica de la investigación y la verdad, este acto sólo genera impunidad. Es uno de esos casos en que se demuestra que el derecho y la ley no siempre se traducen en justicia.
El debate que esto genera está en torno a lo que debe primar en una sociedad: el apego a la ley o la búsqueda de la verdad. Casi nunca estos conceptos van en contravía, pero cuando sucede, como en este caso, se genera un dilema que no tiene una única solución o una clara respuesta.
Es cierto que la ciudadanía se debe adherir a la letra de la ley para poder convivir, crecer y desarrollarse. De lo contrario, se entra en una anarquía donde el Estado pierde el monopolio de la ordenanza y cada quien interpreta los códigos como quiera. Un caos.
Pero también es innegable que Colombia necesita encontrar la verdad en muchos escándalos de nuestros dirigentes políticos para poder superar este conflicto y el tema de los nexos ilegales con la guerrilla es un tema esencial, por el daño que le ha hecho a la sociedad y a la democracia.
La polémica decisión de la Corte, aun cuando esté sustentada jurídicamente, no puede significar un entierro en la necesidad de ir al fondo de la investigación de la farcpolítica. Así como se han perseguido los nexos del paramilitarismo con la clase dirigente, se deben desnudar las viles alianzas de los políticos con la guerrilla.
El fallo tiene una dimensión técnica que no amerita mayor discusión. Es un elemento de interpretación correcta de la ley procesal penal donde se le quita el valor probatorio de los computadores de Reyes por la manera no legal en que fueron obtenidos.
La argumentación es correcta, ya que estos fueron conseguidos en una operación militar sin permiso de Ecuador ni presencia de policía judicial. Pero si se desglosa ampliamente esto, la Corte estaría poniendo en duda la legitimidad de la operación militar y afirmando que el entonces ministro de Defensa y hoy Presidente de la República, pudo cometer un acto ilegal. Las implicaciones de esto todavía no han salido a la palestra pública, ni tampoco es factible que se debatan, ya que nuevamente es un tema de interpretación.
Ahora bien, el hecho de que la Corte descarte los correos de Reyes porque fueron conseguidos de forma ilegal no significa que la denuncia en contra de Wilson Borja y otros, o el contenido de los correos son falsos o han sido manipulados.
Que se permita concluir eso generaría impunidad en favor de quienes están acusados de tener vínculos con las Farc. Impresentable.
La Corte no puede permitir que se piense que la justicia tiene doble moral. Una para la investigación de las relaciones de los paramilitares con la clase política, y otra para las alianzas de los políticos con la guerrilla. En la denuncia de la parapolítica se han utilizado informaciones provenientes de los computadores de los líderes de las autodefensas como prueba jurídica, elemento que tiene, correctamente, en la cárcel a varios congresistas.
Se debe exigir la misma dureza en esta investigación. Aunque son deformaciones y fenómenos disímiles que han afectado a la democracia en frentes diferentes, en ambos escándalos se deben judicializar a todos los involucrados y entregar resultados a la sociedad. De lo contrario, se abren las puertas para que los grupos y personas que actuaron, y actúan, al margen de la ley, se sigan aprovechando de los vacíos que dejan las interpretaciones legales.
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