Muchas personas bien intencionadas y optimistas me decían en los debates sobre la parapolítica que el fenómeno moriría muy pronto porque muy pocos de los implicados se atreverían a insistir en la actividad pública y quienes se atrevieran no encontrarían partidos o grupos que les dieran su aval.
Les respondía con mi acostumbrado pesimismo que eso que era lo lógico y lo ético y lo más sano para la democracia colombiana no ocurriría. Que aquí no existe la vergüenza, esa manifestación de la conciencia que inhibe al individuo a exhibir sus malas acciones; y tampoco existió la sanción social y política, esa manifestación colectiva de rechazo al que incurre en actos repudiables en la vida pública.
A lo sumo intentarían camuflar un poco sus aspiraciones, buscar mecanismos para pasar desapercibidos, les decía. Es lo que han hecho. La primera operación fue la ley que amparaba el transfuguismo electoral. Mediante este expediente muchos dirigentes de los grupos más afectados por la parapolítica pasaron al Partido de la U o volvieron al Partido Conservador para hacer allí su campaña del 2010.
Otros, los más visibles, recurrieron a un viejo expediente: inventar una nueva sigla.
Así aparecieron de la noche a la mañana el PIN y ADN, DMG, para recoger los restos de Convergencia Ciudadana, Colombia Democrática, Colombia Viva, Movimiento Popular Unido MPU y Apertura Liberal.
Es una estrategia ya ensayada en las elecciones del 2002, 2003 y 2006. En esas campañas aparecían y desaparecían grupos y liderazgos con una facilidad asombrosa según la necesidad de las élites locales asociadas a los grupos ilegales. ¿Se acuerdan de MIPOL, MORAL, ALAS, IR, Equipo Colombia y Convergencia Popular Cívica.
Ahora amparados en los grandes partidos o en las nuevas siglas se presentarán los familiares o allegados de los Araújo, Vives, García Romero, Martínez Sinisterra, Uribe Escobar, Jattin, Gil, Arana, Aguilar, para mencionar sólo unos cuantos apellidos que están en los expedientes de la Corte Suprema y la Fiscalía.
Cuando mis interlocutores en los foros me insistían en que la labor de los medios, el foco que había puesto la prensa en el fenómeno de la parapolítica, impediría que estas personas se salieran con la suya en las próximas campañas electores, les respondía que esa labor era importante, pero no definitiva. Que mientras el alto gobierno, el mundo empresarial y las élites decentes del país no se comprometieran a fondo con una depuración de la política muy poco se lograría.
¿Cómo podían sentirse conminados a retirarse de la vida pública los parlamentarios y dirigentes políticos locales metidos hasta el cuello en la alianza con los paramilitares si el presidente Uribe impidió que se aplicara la elemental sanción política de "Silla Vacía" que implicaba que los partidos no pudieran reemplazar en el Congreso a los responsables de estos delitos?
¿Qué inhibición ética puede prosperar si el presidente Uribe fue capaz de enfrentarse a la Corte Suprema desatando un grave choque de poderes sólo por defender al senador Mario Uribe Escobar y a las decenas de parlamentarios procesados por parapolítica?
¿Cómo podrían sentirse repudiadas estas personas por la sociedad si desde el Palacio de Nariño un grupo de funcionarios se atrevió a escribir un libro para defender las actuaciones de los dirigentes de la parapolítica y atacar a los investigadores académicos que destaparon el fenómeno?
¿Qué temor pueden sentir los familiares y segundones de los jefes de la parapolítica si el propio director del Partido Conservador Fernando Araújo manifestó que no veía problema en darles avales a estas personas?
Las denuncias de los medios y las sanciones penales son importantes, pero el verdadero dique de contención a la infiltración de las mafias y la violencia en la política está en los propios partidos y en la disposición del Gobierno y de los empresarios. Sólo desde allí se puede crear un ambiente para desterrar le interferencia de los grupos ilegales llámense paramilitares o guerrillas en la vida democrática.
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