La Procuraduría General de la Nación tiene "total certeza" de que las cabezas de la Superintendencia Financiera tenían conocimiento previo de las irregularidades de Interbolsa y el Grupo de Amigos, liderado por Alessandro Corridori, y no hizo nada para prevenir un efecto mayor al que se desató en noviembre de 2012.
Por esta razón, destituyó e inhabilitó por 12 años para ejercer cargos públicos al superintendente financiero, Gerardo Hernández, al superintendente delegado para supervisión de riesgos de mercado e integridad, Diego Mauricio Herrera Falla y a la superintendente delegada adjunta para la supervisión de riesgos y conductas de mercado Rosita Esther Barrios Figueroa.
El procurador Alejandro Ordóñez aseguró que las directivas de Interbolsa y el grupo de Corridori diseñaron y ejecutaron una estrategia denominada "operación Fabricato". Con ella se adueñaron de la empresa pues la textilera no contaba con dueño controlante y tenía su capital accionario disperso entre miles de accionistas. Luego inflaron la acción para tener una mayor liquidez con las operaciones repo y por otro lado proceder a venderla a un precio superior.
Las cuentas de la Procuraduría son claras: la acción de Fabricato fue la más valorizada en 2011 con un crecimiento de 214 por ciento, mientras que la segunda que más creció lo hizo por debajo de 10 por ciento; el 2 de noviembre de 2010 la acción se cotizaba en 26,5 pesos, el año siguiente estaba 70,5 pesos.
Igualmente pasó con los repos de Fabricato, en el que según las cifras del ente de control, hubo un crecimiento de 1.032 por ciento en 2011 y 1.672 por ciento el año pasado.
"La Superfinanciera movida por el cambio sin precedentes de la acción de Fabricato inició desde 2011 inspección extrasitu a Fabricato a través de la dirección de conductas. Investigación que consideró acertado delimitar temporalmente hasta el 31 de diciembre del 2011 en cuyo desarrollo surtió múltiples actividades en orden a verificar la posible manipulación de acciones", añadió Ordóñez.
El Procurador agregó que los funcionarios oscultaron la documentación que verificaba los nexos entre el grupo de amigos de Corridori, revisaron el comportamiento de las demás acciones listadas en la BVC y su relación con el Igbc, entre otras, con las que elaboraron informes parciales transmitidos a los funcionarios implicados y cuyas conclusiones no variaron sustancialmente desde el 23 de febrero de 2012 hasta el mes de noviembre del mismo año, fecha en la que se produce el descalabro.
"La Superintendencia para julio de 2012, tenía probado que no existía relación alguna entre los fundamentales o activos de Fabricato o las noticias relevantes relacionadas con la textilera y el aumento excesivo en el precio de sus acciones", indicó el Procurador Ordóñez.
De toda esta situación fue enterado en varias reuniones el Superfinanciero por parte de los delegados de supervisión de riesgos y de la delegada adjunta, al punto que la trascendencia lo conminó a citar una reunión el 18 de junio del 2012 en la cual se le elaboró una presentación contundente sobre la situación que se investigaba.
"La omisión de la Súper permitió el descalabro. No obstante, todo lo anterior, unido al vasto caudal probatorio que reposa en el expediente disciplinario, no fue adoptada ninguna medida preventiva tendiente a proteger a los inversionistas", puntualizó Ordóñez.
En los 30 minutos de declaraciones a la prensa, el Procurador no cuestionó en ningún momento las capacidades técnicas y la transparencia de Gerardo Hernández. Se limitó a demostrar que éste sí sabía que habían irregularidades, pero no actuó preventivamente
Una vez conocida la sanción disciplinaria, el Superfinanciero anunció que "con la seguridad de haber actuado conforme a la ley y oportunamente para garantizar la protección de los inversionistas, el normal funcionamiento y estabilidad del mercado de capitales colombiano, se hará uso del derecho constitucional a la defensa, por lo cual presentarán recurso de reposición".
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