Uno de los fines esenciales del Estado es asegurar la convivencia pacífica. Colombia es uno de los pocos países en América Latina que consagra en su Constitución las funciones y competencias en materia de seguridad y orden público, tanto de sus instituciones administrativas como de la Fuerza Pública.
De la mano de esa institucionalidad van la Justicia y la participación ciudadana.
La Carta Política atribuye a las autoridades, con pluralidad exquisita, la misión de proteger a todas las personas y salvaguardar su vida, honra y bienes, derechos y libertades, al tiempo que fundamenta los deberes y obligaciones de los ciudadanos para cumplir esa Constitución y las leyes.
El Estado moderno, de paso, representa la supremacía a través del liderazgo y la capacidad para movilizar a la sociedad en el objetivo de que ésta asuma su responsabilidad en el cumplimiento de los deberes superiores de la Patria. Esto es, la búsqueda de los valores agregados en las instituciones y comunidades, que posibiliten ser parte de la solución de los problemas que nos aquejan.
En los momentos actuales, cuando la situación de seguridad de Medellín y los municipios que conforman el Área Metropolitana demanda el más alto compromiso de las autoridades, resulta un imperativo también el ejercicio solidario y la participación activa de la comunidad en el cumplimiento de sus derechos y libertades, en armonía con la vida en sociedad. En otras palabras, que la convivencia y la seguridad ciudadanas nos concierne a todos.
Lo digo con insistencia y pongo el énfasis en esa premisa porque la Constitución nos impone como autoridad, en este caso la Policía, el deber de posibilitar y promover la participación del ciudadano en los procesos de seguridad, pero dentro del marco de la legalidad, clave para cerrarles el paso a quienes pretenden lucrarse con el crimen.
Es común, pero peligrosamente equivocado, que se perciba como únicos responsables de la convivencia y la seguridad ciudadanas a la Fuerza Pública, al Presidente de la República y a los mandatarios regionales y locales. Si así fuera, ¿dónde queda el ciudadano y dónde sus deberes y derechos con él mismo y con el otro?
Muchos de nosotros, además de ciudadanos, somos autoridad. Es decir, investidos de la potestad legítima del Estado para regir y gobernar dentro de los términos fijados por la Constitución y las Leyes, según su naturaleza, contenido y fines. En lo político, lo civil, administrativo, disciplinario, militar, policivo, judicial, jurisdiccional o electoral.
De ahí que los llamados Consejos de Seguridad, de creación legal, deben ser vistos como lo que son: espacios de coordinación interinstitucional, como instrumento y no como fin, para liderar y gestionar la solución de los problemas de violencia y criminalidad que afronta la sociedad.
Es en estos escenarios de discusión y análisis donde se pone a prueba la capacidad de articulación de las distintas instancias de poder para resolver los problemas de la comunidad, que también cumple un papel fundamental en esa articulación.
Desde la Policía Nacional seguimos promoviendo estrategias y procesos de mejoramiento continuo para alcanzar los fines. El pago de recompensas por información veraz y oportuna, la red de cooperantes, de apoyo y solidaridad ciudadanas, los frentes de seguridad, las escuelas de seguridad, los encuentros comunitarios, las campañas preventivas y de disuasión, así como la vigilancia por cuadrantes, entre otras, han demostrado sus resultados cuando han ido de la mano de la propia comunidad.
Ahí radica la diferencia y es ahí donde tenemos que trabajar juntos para derrotar a los violentos y conseguir la convivencia para Medellín y su Área Metropolitana.
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