Hace unos días se realizó en El Colombiano un foro sobre las llamadas Autopistas de la Montaña, que se convertirán en tema obligado durante varios años. Este proyecto contempla la construcción y operación de cuatro corredores en doble calzada para mejorar la conectividad del Valle de Aburrá y las distintas subregiones del Departamento con el futuro puerto de Urabá; con los actuales puertos del Caribe colombiano; con el sur del país y el puerto sobre el Pacífico (Buenaventura); y con la salida al Magdalena para empalmar con la ruta del sol que unirá a Bogotá con Santa Marta.
Se estima la construcción de 900 kilómetros de vías en un período de 15 años y la operación posterior de 1.250 kilómetros, con un costo aproximado de 5,6 billones de pesos (5,6 millones de millones) con participación de la Nación, el departamento de Antioquia y el municipio de Medellín.
Estos cuatro corredores viales son fundamentales y urgentes para mejorar la competitividad de Antioquia, especialmente del área metropolitana de Medellín. Además, el esquema propuesto fortalece la alianza estratégica entre las entidades gubernamentales y se convierte en un proyecto piloto en el país al presentar nuevas opciones que faciliten el desarrollo de regiones y ciudades en forma integrada al de la nación, sin depender en forma exclusiva de la iniciativa, voluntad y recursos del gobierno central.
Es un acierto la selección de ISA para la estructuración en la etapa inicial del programa y como concesionario en la segunda etapa, pues permite acelerar el proceso de construcción de infraestructura vial; y representa una garantía en la ejecución del programa con calidad, oportunidad y economía, que parte desde la transparencia y rigor en los procesos de selección de los consultores técnicos y financieros, así como de los constructores.
Se espera que ISA realice un riguroso y completo estudio técnico, económico, social y ambiental de las alternativas de cada uno de los cuatro proyectos, que permita, bajo estos criterios, la selección de los corredores más adecuados, de los alineamientos más recomendados y de la mejor programación de su financiación y ejecución.
Si bien son grandes los aciertos, existen diversos aspectos que demandan atención y permitirían adelantar estos proyectos con una visión sistémica. Lo primero y más inmediato es una revisión del plazo previsto para acortarlo a seis o siete años, aspecto en el que existe un amplio consenso de voces autorizadas y del propio Gobernador, pues es necesario recuperar el atraso existente de diez o más años en nuestras vías de comunicación. E insistir en que estos proyectos deben atarse en forma paralela al desarrollo del puerto de Urabá y a un nuevo puerto en el Pacífico -posiblemente en Tribugá-, pues uno de los principales fines de este programa es conectar el interior del país con los dos océanos.
Además, se sugiere establecer políticas explícitas de desarrollo sostenible, proyectos productivos, educación, seguridad y bienestar social para las subregiones involucradas en este programa para que, además de cumplir con las proyecciones de tráfico vehicular, atraiga más inversión y genere una mejor calidad de vida, más allá del área metropolitana; destinar, por lo menos, el 1% del valor del proyecto para realizar investigaciones relativas a la ingeniería y proyectos pertinentes al desarrollo del Departamento y del Valle de Aburrá; y favorecer una veeduría cívica de seguimiento de este programa vial que ayude a canalizar las inquietudes existentes.
Debe valorarse y reconocerse el esfuerzo conjunto del Ministerio de Transporte, la Administración Departamental y la de Medellín, así como de ISA y de entidades como la Cámara de Comercio de Medellín. Y por el bien de nuestra comunidad, invitarlos a avanzar con decisión y sin rendirse ante los eventuales tropiezos.
* Rector EIA
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