Este documento también prevé que la intervención de las víctimas (en La Habana y en una serie de foros nacionales) será parte de la discusión que se inicia, y procuraremos vigilar que ello se cumpla, porque son miles y miles quienes solicitan ser escuchados y entendidos en la dimensión de los dolores, daños y perjuicios causados por más de 50 años de atropellos guerrilleros.
La capacidad cierta de autocrítica y reparación de las Farc la evaluaremos en la medida en que asuman la verdad y sus consecuencias y no busquen ningún atajo de impunidad para sus delitos.
El Estado ha sido señalado, mediante una larga lista de sindicaciones, por parte de las Farc, y de sectores de la izquierda más extrema, por su responsabilidad en crímenes cometidos por algunos agentes estatales o paraestatales. Pero esos mismos actores subversivos, tan vociferantes, se negaban a reconocer su autoría en masacres, secuestros, ejecuciones extrajudiciales, terrorismo, reclutamiento forzado, magnicidios y otros gravísimos crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, tras sus acciones militares abiertas o de "eliminación selectiva y clandestina".
Si bien esta es, tal cual, una estricta "declaración de principios" cuya buena fe inicial no garantiza su aplicación amplia e irrestricta al final de las negociaciones -ese "deber ser" que reclamamos, para que no haya impunidad-, sí es posible advertir que deja atrás la actitud soberbia y risible de Iván Márquez y Jesús Santrich cuando le dijeron al país que las Farc no eran victimarias sino víctimas.
El texto observa que "no vamos a intercambiar impunidades", y las partes reconocen expresamente que hay afectados por violaciones de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) de lado y lado.
Gobierno y Farc asumen a las víctimas como centro del acuerdo y su responsabilidad frente a ellas y sus derechos, su participación, su reparación, su seguridad y protección y se comprometen a no repetir más víctimas y a buscar la reconciliación mediante mecanismos de justicia y verdad. El perdón y el olvido ulteriores, lo advertimos nosotros, serían parte de procesos pacientes de sanación individual, familiar y social que se irán desencadenando en el pretendido escenario del posconflicto y en el largo camino para construir una paz integral.
Esta Declaración, con sus alcances e implicaciones, obliga a que paralelamente siga la movilización de diferentes actores públicos y privados, involucrados en la doctrina y la aplicación de justicia, a la luz de los pilares de nuestro Estado Social de Derecho y nuestro régimen constitucional, para que se logre conciliar equilibradamente, y en dosis reparadoras, la exigencia de justicia de las víctimas y la búsqueda del bien general y superior que es la paz, si el actual proceso prospera y culmina.
Esperamos que este ejercicio de memoria y acción ante causas, orígenes y efectos, respecto de las víctimas y sus victimarios, concebido por Gobierno y Farc con activa presencia de actores sociales y humanitarios nacionales e internacionales, sirva realmente para edificar la confianza y abrir un espacio eficaz de reconciliación de todos los sectores de la sociedad colombiana.
NO SE PARTE DE CERO; HABRÁ QUE FRENAR CUALQUIER ASOMO DE IMPUNIDAD
Por GUSTAVO GALLÓN
Director de la Comisión Colombiana de Juristas
Será muy importante la adecuada representación de todas las víctimas en las delegaciones que viajen a Cuba. En principio, la conformación de la Mesa Nacional no ha sido fácil, pero también es claro que desde hace diez años o más esta población afectada se ha organizado y no estamos partiendo de cero en la defensa de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.
También es fundamental que los delegados de las víctimas hagan valer las condiciones que la demanda del Marco Jurídico para la Paz logró impedir contra la impunidad, al advertir que no se pueden dejar de juzgar delitos de lesa humanidad ni violaciones de derechos humanos.
La declaración conjunta del Gobierno y las Farc contiene unos principios que son un buen punto de partida para discutir el tema de las víctimas del conflicto, con base en el cumplimiento de compromisos internacionales del Estado colombiano en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
Esperamos que más allá del interés electoral se cumpla lo que se expone para que por fin se enrute el tratamiento del derecho de las víctimas. En lo personal, no creo que afecte las elecciones porque el tema de las víctimas no mueve la intención de voto de la gran mayoría del electorado.
