La crisis mundial ha provocado unas curiosas respuestas de política económica por parte de algunos de los gobiernos miembros del Alba. Algunas de ellas son de carácter doméstico. Otras afectan los flujos de comercio intrarregionales y los mecanismos de pagos recíprocos.
Tanto Venezuela como Ecuador se han propuesto restringir el flujo de importaciones por medio de controles administrativos. Venezuela ha ordenado una contracción significativa del presupuesto de divisas a la tasa de cambio oficial asignado a Cadivi. Esa reducción implica trasladar un número creciente de bienes importados a la tasa de cambio de mercado paralelo, lo cual triplica su costo en bolívares. La operación mencionada equivale a una devaluación disfrazada que contribuye a incrementar el ritmo de inflación. Ecuador ha decretado un fuerte incremento de aranceles en contravención de la normativa de la CAN.
En materia comercial, lo que estos dos gobiernos están aplicando es un proteccionismo trasnochado que busca equilibrar los intercambios comerciales con restricciones de diverso orden a las importaciones. En materia financiera, se ha presentado como una propuesta novedosa un sistema de pagos recíprocos de las transacciones comerciales, algo que ya existía y que ha estado funcionando.
Los acuerdos de compensación bilateral entre bancos centrales y el sistema de pagos de Aladi buscan agilizar el comercio intrarregional, facilitándoles el pago en moneda nacional a los exportadores de cada país, sin necesidad de incurrir el costo de una transacción cambiaria. Los saldos acreedores en el comercio bilateral que resulten en los períodos acordados se cancelan entre los respectivos bancos centrales. Ese mecanismo funciona sin dificultad cuando las monedas nacionales de los países participantes son convertibles a moneda de reserva, tales como el dólar o el euro.
El problema resulta cuando un país establece el control de cambios y surgen dos tasas de cambio diferentes: una oficial y otra en el mercado paralelo. Ése es el caso de Venezuela. Hay una tasa oficial de 2,15 bolívares por dólar, y otra que fluctúa entre 6 y 7 bolívares por dólar.
El presidente Chávez propone que el comercio con Colombia se haga en pesos y en bolívares. Habida cuenta del superávit comercial existente, aceptar esa propuesta llevaría a acumular una suma considerable de bolívares en el Banco de la República. Si el banco central venezolano no acepta convertirlos por dólares a la tasa oficial, Colombia estaría cambiando productos por una moneda no convertible. Así sucedió con los intercambios comerciales con los países de economía centralmente planificada en tiempos de la Cortina de Hierro. Los saldos a favor acumulados en las monedas de esos países servían para colecciones de billetes y para decorar paredes.
La caída en el precio internacional del petróleo le impone al régimen venezolano la adopción de un ajuste económico de envergadura. Esa coyuntura está siendo aprovechada para radicalizar el proyecto de estatización que hace parte del Socialismo del Siglo XXI. Las implicaciones de ese proceso para el comercio bilateral ponen de presente la necesidad de diversificar los mercados colombianos de exportación.
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