- Grupo de investigadores presentará estudio sobre esta zona.
- Señalamientos contra reinsertados y delincuencia común por actos ilegales.
- Nuevas violencias estarían ligadas a viejos actores armados.
Carlos Salgado R.
Medellín
Luego del homicidio de su primer hijo, en agosto del año pasado, Claudia* tomó fuerzas para denunciar a dos desmovilizados de las Auc que hoy están en prisión.
Desde entonces, no dejó de recibir amenazas que aumentaron su tragedia el 6 de enero pasado, cuando su segundo hijo fue acribillado en una calle de San Javier.
El adolescente hace parte de la lista de 15 personas asesinadas el mes pasado en cinco barrios de la comuna 13: Las Independencias (sectores I, II y III), 20 de Julio, El Salado, Belencito y Villa Laura.
Claudia pasó a engrosar las cifras de desplazados urbanos, pues pese a que contaba con protección de la Policía, las amenazas continuaron.
Tuvo que sacar del sector a los dos hijos menores de edad que le quedaron y luego se marchó.
Control territorial
Las condiciones que permitieron el florecimiento de los grupos armados en cinco barrios de la comuna 13 de Medellín siguen presentes y podrían explicar la aparición de estas nuevas manifestaciones de violencia en la zona.
La lucha por el control territorial entre grupos armados ilegales sigue su curso, a pesar de las operaciones militares que permitieron una recuperación institucional de la comuna, luego de varios años de enfrentamientos entre Farc, Eln y Comandos Armados del Pueblo (Cap) con las Auc.
Ese control, que deriva en el manejo de los recursos provenientes de actividades ilícitas, como la venta de estupefacientes y el tráfico de armas, así como del cobro de extorsiones a comerciantes y transportadores, sería la causa de los nuevos hechos de sangre.
Así se desprende de la investigación realizada por el Grupo de conflictos y violencia, adscrito al Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia (Iner).
En el grupo participan investigadores de las universidades de Antioquia y Medellín, así como de la Corporación Región y del Instituto Popular de Capacitación, que analizaron el caso de cinco barrios de la comuna 13 para explicar las causas del conflicto que se había dado por terminado luego de la Operación Orión, en octubre de 2002.
Pablo Emilio Angarita, director del grupo que presentará su investigación a mediados de este año, dijo que el problema es que en la comuna se realizó una recuperación parcial de la institucionalidad.
Según el investigador, durante la operación Orión y desde entonces, los grupos paramilitares han ejercido presión en la comunidad a pesar de la presencia de la fuerza pública.
El comandante del batallón de Ingenieros Pedro Nel Ospina de la IV Brigada, coronel Édgar Ávila, que cuenta con 180 hombres en la comuna 13, sostuvo que es "muy atrevido decir que hay paramilitares en esos barrios".
Según el oficial, la gente podría estar confundiendo a los desmovilizados con paramilitares.
"No entienden que ellos están en un proceso y los ven figurando en los barrios, los ven en reuniones, los ven como mandando o tratando de organizar a la comunidad", dijo el militar.
De acuerdo con el coronel, lo que hay en la zona son grupos de jóvenes manipulados por adultos que los mandan a cobrar vacunas y a vender drogas.
Para el oficial, la violencia en la comuna está ligada con esta actividad.
En sus denuncias, Claudia mencionó que algunos desmovilizados estarían reclutando a los menores de edad para que realicen actividades ilícitas.
Orlando Jaramillo fue asesinado afuera de su casa en Independencias III, el pasado 29 de enero, un par de días después de haber golpeado a una menor de edad a la que acusó de ser un 'carrito' de los miembros de una banda de ese sector.
El secretario de Gobierno de Medellín, Gustavo Villegas, negó que exista reclutamiento y aseguró que las autoridades no tienen denuncias sobre escuelas de entrenamiento para menores de edad.
El grupo de investigadores descubrió que en esos cinco barrios de la comuna 13 persiste el modelo de la fuerza, el arquetipo del hombre armado que se mantiene desde aquellos que lucharon contra las bandas, los milicianos que controlaron el sector, los paramilitares que los combatieron y ahora la presencia de la Policía y el Ejército.
El reto, dijo Angarita, consiste en modificar el modelo y cambiar las condiciones que permiten que la guerra se recicle con nuevos combatientes.
Para Claudia eso ya no pudo ser. El último ataque lo sufrió el pasado 4 de febrero cuando, luego de la visita cotidiana de los agentes de Policía que le brindaban protección, desconocidos lanzaron un petardo contra su vivienda.
Ella cree que ahora es tiempo de correr. "No podemos denunciar nada ¿Cuándo se acabará esta ley del silencio?", dijo mientras empacaba sus cosas.
Propuesta ciudadana trata se abrirse paso
Pablo Emilio Angarita, director de grupo de investigación que estudió el conflicto en cinco barrios de la comuna 13, aseguró que hay grupos de jóvenes y adultos que pugnan por una participación ciudadana pacífica y reclaman presupuesto y apoyo al Municipio para actividades de construcción de ciudadanía.
Según Angarita, ?la gente ha sido muy crítica con las propuestas de tipo militar, incluida la del Estado? y por ello recomienda a la administración municipal el apoyo para este tipo de esfuerzos.
?La presencia policial es indispensable y reconocida por las comunidades que la recibieron como una salvación en un momento determinado, pero esta presencia debe ser complemento de una acción más dirigida al fortalecimiento de la participación comunitaria?, dijo el investigador.
Denunciations grow in comuna 13 Assassinations related to the sale of illegal drugs, restrictions when moving from one neighborhood to another and illegal actions on the part of the AUC's demobilized are some of the most recent denunciations that have been made known regarding the situation in five neighborhoods of the comuna 13. The situation is not similar to that of 2001 or 2002, when militia and paramilitaries fought for control of the area. Still, there are parts of the Comuna where the population is terrified. The Secretary of the Government, Gustavo Villegas, has asked the community to denounce all violent acts before the authorities.
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