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HISTÓRICO
LAS RAZONES DEL ALCALDE PETRO
  • LAS RAZONES DEL ALCALDE PETRO |
    LAS RAZONES DEL ALCALDE PETRO |
Por LUIS FERNANDO ÁLVAREZ J. | Publicado el 12 de diciembre de 2013

En ejercicio de las facultades otorgadas por la Constitución Política y la ley, la actual Procuraduría ha sancionado cerca de 800 alcaldes y 23 gobernadores, además de un importante grupo de congresistas y funcionarios del Ejecutivo. Se destacan por su notoriedad política y social las siguientes sanciones, consistentes en destitución e inhabilidad entre 10 y 20 años para el ejercicio de funciones públicas: (I) Exgobernadores: Cielo González, del Huila, 11 años de inhabilidad; Héctor Fabio Useche, del Valle, 10 años de inhabilidad; Juan Carlos Abadía, del Valle, 10 años; Nelson Mariño, del Casanare, 14 años; Óscar Barreto Quiroga, del Tolima, 11 años. (II) Excongresistas: Miguel Alfonso De la Espriella, Álvaro García, Luis Alberto Gil, Luis Eduardo Vives Lacouture, Alfonso Antonio Campo Escobar, Dieb Nicolás Maloof Cuse y Jorge Luis Caballero Caballero, inhabilidad por 20 años para cada uno; Germán Olano e Iván Moreno, por 12 y 20 años respectivamente, Piedad Córdoba, inhabilitada por 18 años. (III) Exalcaldes: Alonso Salazar, inhabilitado por 12 años; Samuel Moreno Rojas, 12 meses; Jorge Iván Ospina, sancionado por 6 meses. (IV) Otros funcionarios: Andrés Felipe Arias Leiva, inhabilitado por 16 años; Guillermo Asprilla, secretario de gobierno del Distrito, por 12 años; Carlos Albornoz, exdirector nacional de Estupefacientes, por 14 años; Hipólito Moreno, inhabilitado por 11 años; el superintendente financiero Gerardo Hernández, 12 años, y ahora el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, inhabilitado por 15 años.

Sin evaluar materialmente cada caso, lo cierto es que la forma como actúa la Procuraduría es resultado de un delicado problema institucional, ya que para combatir la corrupción, la evasión y otros males, en forma ligera se expiden leyes que otorgan poderes omnímodos a algunos órganos, -Procuraduría, Contraloría, DIAN, superintendencias-, olvidando que con esa asignación de "competencias salvadoras" se están violando principios rectores del Estado Social de Derecho.

Por ejemplo, el ejercicio del poder disciplinario por el Procurador muestra dos situaciones altamente cuestionables: (I) el desarrollo de un proceso en el que un mismo funcionario realiza la investigación, califica la infracción, impone la sanción y resuelve el recurso de reposición. Las normas internacionales sobre derechos y garantías disponen que hay violación al debido proceso, cuando no se concede al procesado la posibilidad real de acudir a una segunda instancia. Podría argumentarse que la decisión del Procurador puede controvertirse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Seamos claros, las decisiones administrativas o de control no pueden adoptarse pensando en la vía judicial. (II) Más grave es el caso del proceso disciplinario respecto de funcionarios de elección ciudadana, pues para respetar la voluntad del electorado, el control de su actuación sólo debería efectuarse por procedimientos democráticos.

En conclusión, sin pronunciarnos sobre los hechos que originaron la sanción para el Alcalde, puesto que no conocemos el expediente, consideramos que dentro del marco del Estado Social Constitucional, a este le asiste la razón cuando afirma que la sanción impuesta es resultado de un proceso adelantado sin las debidas garantías y con violación de derechos constitucionales.