Una transacción en la que se adquirieron cerca de 40.000 hectáreas de tierras baldías en Vichada hace casi 10 años compromete el nombre del embajador de Colombia, en E.U., Carlos Urrutia y por extensión al del Ministerio de Agricultura.
La denuncia planteada por el senador Jorge Enrique Robledo durante la discusión en la que se aprobó en primer debate el proyecto de ley que reglamenta la compra de tierras por parte de extranjeros, se centra en que Urrutia habría asesorado a la empresa Riopaila-Castilla para hacerse con 40.000 hectáreas de tierra que tenían origen en baldíos, cuestión que prohibe la ley.
"Resulta que en 2009 fueron creadas 27 sociedades que pidieron un crédito a la empresa Riopaila-Castilla por 40.000 millones de pesos, con el que compraron 40.000 hectáreas de tierra en el Vichada. Y tras varias transacciones terminó Riopaila-Castilla registrando como suyas estas sociedades en la Cámara de Comercio de Bogotá", señaló Robledo a este diario.
Agregó que "lo más relevante es que la compra de tierra se hizo a 40 campesinos y son terrenos que tuvieron origen en baldíos y la ley establece que nadie puede comprar esas tierras. Entonces, lo que sucedió fue una práctica conocida, de inventarse volteretas para disimular un solo negocio y la ilegalidad de esto está demostrado hasta la saciedad".
Toda la historia, según Robledo y el representante a la Cámara, Wilson Arias, habría sido "un artificio legal para acumular baldíos con ayudas de buffetes de abogados como el del embajador en Washington", indicó Arias.
Gran parte del debate que se realizó en el Congreso sobre el caso Urrutia tiene como base la información del Incoder, pero, según Robledo, "aún así el Gobierno no se ha movido ante las denuncias".
En su defensa, mediante comunicado, Urrutia dijo "que antes de asumir su cargo como embajador vendió las acciones que le pertenecían en la forma Brigard & Urrutia" y agregó que no tiene "intereses en negocios que de cualquier manera recaigan sobre predios que sean o hayan tenido la condición de tierras baldías".
Se tomarán acciones
Para el recién posesionado ministro de Agricultura, Francisco Estupiñán, la situación a la que se refiere el senador Robledo es anterior a este gobierno, porque habla de compras de tierra y acumulaciones que se hicieron entre 1994 y 1996.
"Pero el Gobierno no está legalizando ninguna actuación ilegal de ningún nacional o extranjero y procederá a hacer las investigaciones del caso y a reversar todas las situaciones que sean anómalas para ponerlas en concordancia con lo que mandan las autoridades",
En todo caso, repuntó Robledo, con el proyecto de ley sobre compra de tierra por parte de extranjeros, que diseñó el exministro Juan Camilo Restrepo y aprobó en primer debate el Senado, "se está haciendo legal lo ilegal, para despojar los derechos de los campesinos".
Para el senador, la iniciativa, si bien no deja que se venda a nadie terrenos baldíos adjudicados a campesinos, sí permite que las multinacionales alquilen esas tierras, "creando un mecanismo para seguir acaparando tierra".
Pero el ministro Estupiñán insistió en que "tal vez no fuimos lo suficientemente claros en el alcance de las normas, pues es descabellado pensar que hoy va a haber un despojo, pues lo que busca el Gobierno es proteger la propiedad de los pequeños campesinos y plantear sistemas asociativos en los que vengan inversionistas con la suficiente capacidad para desarrollar proyectos".
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