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De los 453 inmuebles que han entregado los paramilitares postulados a Justicia y Paz, para la reparación de sus víctimas, solo 91 han sido recibidos por Acción Social y hacen parte del Fondo para la Reparación por vía judicial para 270 mil víctimas.
Demora, negligencia, papeleo, enredos judiciales y una maraña de problemas tienen a muchas fincas prósperas envueltas en maleza y en medio de los escombros que quedan de lo que un día fueran viviendas de lujo.
La lentitud del proceso para que esos bienes lleguen al Fondo ha hecho desaparecer a los dueños originales de las propiedades, gracias a las maniobras que se esconden de testaferro en testaferro.
Las entidades involucradas se tiran el balón, mientras que las únicas afectadas son las víctimas.
Los postulados tienen hasta un minuto antes de que se les dicte sentencia para entregar sus bienes dentro del proceso de Justicia y Paz, que a la fecha y luego de cinco años, no ha proferido una sola sentencia condenatoria.
Gota a gota en cada versión libre los postulados van contando su verdad, y gota a gota también han entregado bienes, no todos, porque de las riquezas que consiguieron a punta de disparar armas y sembrar miedo, han entregado solo migajas.
Patricia Hernández, fiscal encargada del Bloque Mineros de las Auc, ya hizo la entrega a Acción Social de todos los bienes que el jefe de ese bloque, Ramiro Vanoy Murillo, alias "Cuco Vanoy", declaró en versión libre. Son nueve bienes los cantados por el extraditado ex jefe paramilitar, entre ellos una clínica, varias fincas y casas en el Bajo Cauca, más de 1.000 cabezas de ganado y abarrotes de una abastecedora.
Sin embargo, la Fiscalía y la Dirección Nacional de Estupefacientes le siguen la pista a más de 200 propiedades, al parecer producto del narcotráfico, que estarían a nombre de testaferros o familiares, y podrían ser objeto de extinción de dominio.
En el enredo de los bienes merece capítulo aparte el hecho de que los mandos medios de los paramilitares todavía no saben que también deben entregar lo suyo. "Por lo general dicen que no tienen bienes, o piensan que con los que entregó su comandante ya es suficiente", cuenta la fiscal Hernández.
Relata, por ejemplo, que uno de los postulados de Bloque Mineros, quien había hecho parte también del Epl, no sabía que el Estado le había adjudicado unas tierras en Urabá, luego de la desmovilización de esta guerrilla. "Él ni siquiera sabía que era propietario de esas tierras", las mismas que deberá entregar para reparar a las víctimas que dejó a su paso por las Auc.
Propiedades en el limbo
En la vereda Tulapas, de Turbo, Freddy Rendón Herrera, alias "El Alemán", tiene 700 hectáreas que ofreció para reparar a sus víctimas.
Sobre estas tierras hay tres medidas cautelares. Una por narcotráfico, interpuesta por la Fiscalía Seccional 119 de Turbo; una más de la Personería Distrital de Turbo, como medida de protección para las 120 víctimas que fueron desplazadas o que les compraron de manera fraudulenta las tierras y hoy esperan les sean restituidas, y una tercera de un magistrado de Justicia y Paz, para que las tierras pasen al Fondo para la Reparación.
"Hay un problema porque los paramilitares no han entregado un número de bienes inmuebles significativo, pero sí muchos más de los que ha recibido Acción Social", indicó Luis González de León, director de la Unidad Nacional de Justicia y Paz.
Es mucho lo que se puede perder si no se recibe lo que los postulados entregan. Según González de León, el Fondo podría tener muchos más bienes si recibiera los bienes en el estado en el que los entregan los miembros de los grupos armados. "Como sucede en la justicia ordinaria, uno va y ocupa un bien como esté para quitárselo al delincuente y hace labores para sanearlo, ponerlo al día, protegerlo y para que sirva para algo".
Según el director de la Unidad Nacional de Justicia y Paz, los bienes ofrecidos por los postulados para reparación que tienen deudas en impuestos o servicios públicos, no es superior a su valor. "Al contrario, las deudas son mínimas, no llegan ni al 5 por ciento del valor del bien. Lo que está acabando con su valor, es la negligencia de protegerlos, hacerles mantenimiento, tomar las medidas necesarias y enajenarlos".
Diego Molano, director de Acción Social, defiende la gestión del organismo encargado de la administración del Fondo. "Solo recibimos los bienes que nos entreguen saneados".
Una muestra de lo anterior es la Clínica San Martín, de Tarazá, que entregó "Cuco Vanoy". La medida cautelar por parte de un magistrado de Justicia y Paz para que el bien pasara a ser protegido por el Estado, a través de Acción Social, fue emitida el 15 de agosto de 2008. Las fotografías de la diligencia en la que la Fiscal del caso recibe el bien, muestran el buen estado de la clínica, hasta con un ascensor. Acción Social realizó el secuestro del bien apenas el 5 de marzo de este año y lo que pudo recoger fueron solo ladrillos: a la Clínica San Martín no le quedó ni el nombre (ver imagen).
Según Acción Social, en el proceso de saneamiento de la titularidad del bien encontraron que el representante legal de la sociedad (legalmente propietaria del bien) estaba muerto y no fue posible la ubicación de los demás socios. "Por esta razón se suspendió el proceso de entrega".
Para Justicia y Paz, el trámite para recibir bienes sigue lento. "Es que quieren que todos los bienes que se entreguen sean en las ciudades y pegados a ellas, entonces, si son fincas alejadas, que no las reciben por lejos. Aquí hay que recibir lo que sea, veinte, cien, doscientos, mil millones de pesos, todo es plata que va sumando al Fondo", señala Luis González de León.
Abundan los casos
Otro de los cientos de ejemplos que reposan en carpetas y oficios de los despachos, es el de la finca El Recreo, de propiedad del extraditado ex jefe de las Auc, Diego Fernando Murillo, alias "Berna".
Esta finca de 14 mil hectáreas, ubicada en los Llanos del Yarí, en Caquetá, tiene el trámite en veremos para llegar al Fondo para la Reparación, como lo solicitó el extraditado en versión libre, porque sobre ella hay una hipoteca interpuesta por el Juzgado Cuarto Civil de Montería, por una deuda de unos 40 millones de pesos de un supuesto testaferro de "Berna", quien según la compraventa registrada en la Notaría Primera de Envigado, el 22 de marzo de 1990, compró El Recreo por cinco millones de pesos.
Para Michael Reed, director en Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional, el problema del Fondo para la Reparación está en su concepción misma. "Los cálculos que se hicieron de cuántos bienes iban a ingresar al fisco para hacer reparaciones posteriores fueron basados en la especulación, o en algún tipo de deseo de que hubiera mucho dinero acumulado que iba a entrar al Fondo. De entrada hay un error, lo que se debió hacer era decir con cuánta plata contamos y cómo estructuramos de manera práctica un programa de reparaciones que no sea especulativo sino que se sepa qué dinero se tiene".
Para Reed, la solución hoy es ser mucho más agresivos en la persecución de esos bienes, pero advierte que "la promesa de reparación no depende de la entrega de estos bienes o no. Si el dinero no está en el Fondo, es el Estado el que debe responder".