El debate sobre si el Gobierno estadounidense está violando o no el derecho a la privacidad de sus ciudadanos con el rastreo a millones de usuarios en teléfonos móviles y en servidores de nueve compañías de internet, tuvo ayer un nuevo ingrediente con las denuncias de los diarios The Guardian (inglés) y Washington Post (E.U), que hablaron de complicidad privada.
Aunque el propósito de la Casa Blanca con la medida es la lucha antiterrorista, según el presidente Barack Obama, documentos filtrados a los rotativos revelaron que esas prácticas de seguimiento vienen de tiempo atrás.
El diario probó que el centro de escuchas y decodificación de los servicios secretos en Cheltenham (oeste de Inglaterra) tuvo acceso, desde junio de 2010, al llamado sistema Prism, un programa de vigilancia creado por la NSA (Agencia de Seguridad Nacional de E.U.), oficina encargada de hacer el rastreo anunciado el jueves pasado por la Casa Blanca.
The Guardian afirma que la agencia británica generó 197 informes secretos a través de ese sistema durante un año, hasta mayo de 2012, lo que representa un aumento del 137 % con respecto a 2011, pero lo más grave es que nueve de las mayores compañías de internet del mundo, entre las que se incluye Google, Facebook, Microsoft, Apple, Yahoo y Skype, permitieron a la NSA y al FBI acceso fácil a los sistemas. Por su parte, las compañías de tecnología negaron saber del programa y Google aseguró no tener una puerta trasera para que el Gobierno acceda a información privada.
"El Gobierno de E.U. deberá balancear dos cosas: el obtener información antiterrorista pero ofreciéndole garantías de privacidad a los ciudadanos. La realidad es que vivimos en un mundo donde las empresas privadas y los Estados nos vigilan", dijo a este diario José Gabilondo, de la U. de Florida.
Indicó que el plan de interceptación es legal, porque "el Congreso de E.U. lo autorizó y los republicanos están prestos a cobrarle al Gobierno cualquier tipo de omisión ante información obtenida, tal y como sucedió con la Embajada de E.U. en Bengasi (Libia) donde se tenían reportes terroristas.
Geoffrey Skelley, de la U. de Virginia, se mostró incrédulo con la efectividad del programa, si tiene valor o no. "El aparato de seguridad debe ser muy explícito para saber qué es lo que funciona o no. Deben de divulgar si verdaderamente sirve o simplemente vulnera la intimidad".
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