Catorce mil inmovilizados por haber sido sorprendidos conduciendo bajo los efectos del alcohol, 464 accidentes de tránsito (sin contar, obviamente, los trágicos hechos ocurridos el pasado fin de semana en Bogotá y en otras ciudades del país), en los que se vieron involucrados conductores en estado de embriaguez y que dejaron un trágico saldo de 618 heridos y 99 vidas perdidas (un muerto diario en promedio).
Ese es el alarmante balance entregado por las autoridades de Tránsito y Transporte Nacional, sobre el primer trimestre del año.
Sin embargo, esas aterradoras cifras no fueron nada significativas para los 34 senadores que la semana pasada votaron en contra del proyecto de ley 110 de 2010, por medio del cual se pretendía reformar el Código Penal y dar cárcel, entre otras, a quienes fueran pillados manejando borrachos, como tampoco fueron importantes, para los 42 senadores que, por una u otra razón, se abstuvieron de votar dicho proyecto en la plenaria del Senado.
Interesante fuera que los colombianos pudiéramos conocer los nombres de esos 76 orondos Padres de la Patria que consiguieron hundir el proyecto.
Aquellos senadores a quienes las modificaciones contenidas en el proyecto de ley presentado por el senador Roy Barreras no les parecieron pertinentes por considerar, unos, que dizque las normas para castigar en ese sentido ya se encontraban contenidas en los códigos vigentes, y otros, que por ser penalistas, estimaron exagerado eso de que los funcionarios públicos que fueran descubiertos manejando borrachos perdieran sus cargos.
Es francamente inaceptable la falta de escrúpulos de estos señores, a quienes les pareció excedido que si un candidato, un senador o un representante a la Cámara; un alcalde o un gobernador; un diputado o un empleado público, por el solo hecho de ser cogido conduciendo un vehículo, luego de haberse tomado unos cuantos traguitos de más, pudiese perder su puesto o sus derechos políticos.
Razón tiene el senador ponente, al haber afirmado que sus colegas en vez de legislar para la comunidad, legislaron en causa propia.
Con la misma vehemencia con la que ellos rechazaron el proyecto de ley, los miles de colombianos que consideramos necesario un endurecimiento al Código Penal, deberíamos rechazar su indecoroso proceder e impedir su reelección.
Ahora más que antes es necesario que sigamos insistiendo para que en un futuro no muy lejano, todas esas conductas que hoy se pagan con sanciones administrativas y que son susceptibles de sobornos o convenios, sean llevadas al campo de lo penal.
Requerimos con urgencia de una reforma al Código Penal, en lo que a materia vial se refiere, unos cambios que respondan a la dramática realidad que estamos viviendo.
Necesitamos penas de prisión, multas cuantiosas y retirada de licencias de conducción por largos períodos. Medidas de castigo drásticas que tengan un propósito disuasorio y, por ende, preventivo.
Toda persona que ingiere bebidas alcohólicas o que consume sustancias sicotrópicas, a sabiendas de que luego va a conducir un vehículo, es un criminal en potencia y como tal hay que tratarle.
Basta ya de leyes flexibles y complacientes que lo único que han conseguido es que reine la impunidad.
Tenemos que impedir que los locos al volante, tanto de carros particulares como de servicio público, sigan circulando por las vías nacionales.
Pico y Placa Medellín
viernes
0 y 6
0 y 6
