Mediante maniobras fraudulentas facilitadas por registradores, notarios, funcionarios agrarios, de alcaldías, particulares y empresas unas 40.000 hectáreas de tierras de campesinos desplazados de la región de Montes de María quedaron en manos de empresarios y particulares.
Así lo advierte un estudio del Ministerio de Agricultura y el Incoder, que detectó 1.600 irregularidades en los registros y ventas de 251 predios en esta zona que comprende 15 municipios de Bolívar y Sucre.
El Ministerio de Agricultura informó de las anomalías y las medidas administrativas, disciplinarias y judiciales por parte del Gobierno y las autoridades en un documento conocido como el Libro Blanco de las Irregularidades en la Tierra en Colombia, cuya primera entrega corresponde a la región de montes de María.
"Un análisis de predios encontró que se infligieron las normas en las ventas de tierras, documentos de ventas adulterados y falsificados, otros que violan la protección de bienes por ser una zona especial de desplazamiento, ventas a muy bajos precios, y otros en que se utilizó información de campesinos deudores para presionarlos a vender sus tierras", explicó a este diario el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo.
Una de las irregularidades detectadas fue la concentración de muchos predios en cabeza de una misma persona, cuando la Ley agraria aplicada en Montes de María autorizaba la adjudicación de un predio por familia campesina y restringía las ventas de estos terrenos adjudicados por Incora e Incoder.
A pesar de esta norma, la investigación del Gobierno descubrió que varias empresas agroindustriales adquirieron miles de hectáreas, varias de ellas antioqueñas, que son investigadas.
Una de ellas acumuló predios en el municipio de San Jacinto, San Juan de Nepomuceno y Carmen de Bolívar que suman más de 4.600 hectáreas.
Sanciones y correctivos
Por las denuncias de estas irregularidades el Incoder y la Superintendencia de Notariado y Registro abrieron 18 procesos disciplinarios contra notarías en Monteria; Sincelejo, Corozal Carmen de Bolívar, San Juan Nepomuceno, Tolú, Medellín, Sopetran, Cereté, San Onofre, Cartagena, Ovejas y Los Palmitos.
También se ordenó revocar 326 compras irregulares en esos municipios, correspondientes a 6.065 hectáreas, que permitirán restituir esas tierras a 229 familias.
Otra decisión fue destitución de la registradora de instrumentos Públicos de El Carmen de Bolívar y la suspensión de funcionarios de esa oficina. La Fiscalía también asumió la investigación por responsabilidad penal.
Las ventas masivas se dieron tras el desplazamiento de unos 220.000 habitantes entre 1997 y 2004 por la disputa entre guerrillas y paramilitares, relató un representante de desplazados en Bolívar.
Recordó que "por la violencia y varias masacres como El Salado, Macayepo, Mampuján y Chengue mucha gente abandonó sus tierras o vendieron antes y cuando la zona fue recuperada por las Fuerzas Militares sacando a la guerrilla aparecieron empresarios que le compraron a los campesinos a bajo precio, porque muchos temían aún retornar o tenían deudas por sus tierras".
Sigue informe de Antioquia
En las próximas semanas el Ministerio presentará el resultado de estudios similares sobre eventuales irregularidades que permitieron el despojo de tierras a campesinos y al propio Estado con complicidad de funcionarios públicos en Antioquia, Meta, Norte de Santander, Córdoba y Magdalena.
"Estamos avanzando en estas intervenciones administrativas y disciplinarios en regiones con alta densidad de despojo de tierras. Estas son medidas preparatorias y de depuración para la implementación de la Ley de Víctimas a partir del próximo año", indicó el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo.
En Antioquia las regiones con más denuncias de despojo de tierras y corrupción son Urabá y Bajo Cauca. La CNRR ha recibido más de 300 denuncias sobre ventas con ventas registradas con títulos falsificados y ventas forzadas, de unas 2.500 reclamaciones de desplazados.
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