El 6 de agosto de 2002, y de un plumazo, el Congreso de la República les quitó a los organismos de tránsito un 25% del valor de las multas y se lo entregó a los particulares que monten Centros Integrales de Atención (CIAS). Hoy, cuando en once meses los ciudadanos pagan cerca de 1,9 millones de multas, eso significa para estos empresarios un mercado potencial que supera los 76.111 millones de pesos.
La bolsa crece y con ella las inquietudes.
La primera, es el nacimiento de las CIAS, cuya partida bautismal es la Ley 769 de 2002, la misma que en el artículo 53 les dio vida a los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA). Las CIAS no fueron tan visibles. La exposición de motivos del proyecto de ley no las mencionó; la ley no les dedicó un artículo "exclusivo", y en el apartado de las definiciones solo dijo que se trata de "un establecimiento donde se prestará el servicio de escuela y casa cárcel para la rehabilitación de los infractores a las normas del Código de Tránsito. Podrá ser operado por el Estado o por entes privados que a través del cobro de las tarifas por los servicios allí prestados garantizarán su autosostenibilidad".
El verbo crear no aparece conjugado para las CIAS. La nueva figura quedó "inmersa" en el artículo 136, sobre reducción de las sanciones. Allí se indicó que el infractor puede pagar el 100 por ciento de la multa en los tres primeros días, "o podrá igualmente cancelar el cincuenta por ciento (50%) del valor de la multa al organismo de tránsito y un veinticinco por ciento (25%) al centro integral de atención al cual estará obligado a ir para tomar un curso en la escuela que allí funciona sobre las normas de tránsito".
Tan de agache pasó el tema, que Gilberto Toro Giraldo, director Ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios), aún tiene en mente que las CIAS fueron creadas con la Ley 1383 de 2010, a la cual se opuso porque consideraba que ese 25 por ciento que les dan "es mucha plata para los centros integrales". Su lucha fue extemporánea. Esa participación la aprobaron los legisladores en el 2002 y lo que hizo la 1383 fue aclarar el descuento al que tiene derecho el infractor de las normas de tránsito.
El ardor de Fedemunicipios tiene su explicación. Las multas son un recurso público y con el 10 por ciento de las mismas esta entidad administra el SIMIT, un sistema de información que consolida a nivel nacional las infracciones de tránsito. Toro Giraldo aclara que "esa no es plata para la Federación" y cuando quedan excedentes hay que entregárselos al Gobierno Central. En cambio, el 25 por ciento de las CIAS es de los privados, "hagan lo que hagan".
Como la ley es la ley, Fedemunicipios pasó del malestar a las oportunidades de negocios. En medio del limbo jurídico generado por la no reglamentación de las CIAS, y previa licitación, la entidad firmó, el 27 de mayo de 2010, un contrato con la unión temporal Ciatranscol. Su objeto es poner en marcha centros integrales de atención "en todos los municipios de Colombia" con los que la Federación suscriba un convenio.
El contrato es ambicioso, porque con la excepción de Bogotá y Medellín, a la Federación pertenecen todos los municipios colombianos. La CIA encargada de prestar el servicio es Ciatrán S.A., que para esa fecha no había sido habilitada por el Ministerio de Transporte, pues la solicitud la presentó el 6 de agosto de 2010 (dos días después de que la Resolución 3204 reglamentara los centros integrales) y le fue aprobada el 4 de noviembre de ese mismo año.
Su otro aliado es la Casa Cárcel del Conductor, que pertenece al mismo grupo empresarial de Ciatrán, conformado por 16 firmas, entre las cuales se destacan Previcar, Previtec, Centro Nacional de Conciliación del Transporte, Ajusta S.A., Centro Internacional de Investigaciones Forenses y Criminalísticas, Asista S.A. y hasta el club de fútbol La Fortaleza.
El convenio está vigente y obliga a la CIA "a destinar un 8% liquidado sobre el porcentaje del 25% que legalmente le corresponde después de descontado el IVA (si a ello hubiere lugar), a los programas de seguridad vial que desee y autorice apoyar la Federación a los diferentes municipios de Colombia".
Las partes se comprometieron "a no divulgar, difundir o utilizar de manera inadecuada la información que sea compartida, revelada, que resulte de trabajos que sean encomendados o que estén a su cargo, en virtud de la ejecución del presente contrato". En caso de incumplimiento, Fedemunicipios puede sancionar a la CIA con multas sucesivas equivalentes al 1 por ciento del valor del convenio, con tope del 10 por ciento.
Del contrato tuvo conocimiento el Mintransporte, cartera que, a través de Luz Marina Restrepo Trejos, subdirectora de Tránsito, indicó que no se han pronunciado al respecto, por tratarse de "un convenio de carácter privado mediante el cual Ciatrán S.A. ofrece sus servicios a terceros".
La batalla del mayor jugador
Ciatrán es, de lejos, la CIA más grande del país. De cada 100 cursos de infractores reportados al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), 81 fueron realizados en sus centros de atención. No obstante, sus rivales de Medellín se preguntan si tiene todos sus papeles en regla.
Sí, pero no, deja ver un enredo legal. El quid del asunto es que para abrir cada centro integral hay que pedirle al Mintransporte su habilitación y Ciatrán interpretó que la licencia que le dieron en Bogotá a su dirección comercial le permitía montar CIAS en diversas capitales.
Con fecha 2 de diciembre de 2011, Luz Marina Restrepo Trejos le reportó a este diario que en el país están habilitados 33 CIAS, de los cuales 3 corresponden a Ciatrán: 1 en Bogotá y 2 en Cali.
Cuatro días más tarde, en entrevista con EL COLOMBIANO, el presidente de Ciatrán, Rodrigo Alberto Martínez Navas, dijo que la organización tiene en marcha 12 CIAS (2 en Cali, 6 en Bogotá, 1 en Ibagué, 1 en Popayán y 2 en Medellín (la tercera la abrirá el 16 de diciembre).
En resumen, mientras oficialmente el Ministerio le había reconocido a Ciatrán tres CIAS, la empresa opera 12 y va para la 13.
Esa es la expresión numérica del forcejeo jurídico entre el líder de las CIAS y el Mintransporte. Cuando ese despacho le precisó al particular que la licencia era para operar en un punto específico de Bogotá (Cra 14B N° 119-95), este último consideró que le estaban revocando el acto administrativo en el que, a su juicio, le habían dado una licencia nacional.
Vino, entonces, una tutela, que en primera y segunda instancia ganó Ciatrán, firma que de ahí pasó al contencioso administrativo, en donde no ha tenido la misma suerte y está pendiente de una decisión de fondo. Mientras esta llega, tiene a su favor un auto aclaratorio de un juez de tutela, que ordenó suspender la segunda resolución del Mintransporte. El ministerio presentó incidente de nulidad contra ese acto, pero no prosperó.
Así las cosas, Luz Marina Restrepo Trejos tuvo que acatar la tutela, lo cual deja a Ciatrán con una habilitación de alcance nacional, que no la exime de tener que cumplir, en cada centro de servicio, con los requisitos legales. Sin embargo, falta la última palabra del contencioso administrativo, en un proceso que puede tardar 10 o 12 años.
El tamaño del mercado
Ese accidentado debut de Ciatrán causó ruido en Medellín, en donde compite con Cenintra y el Centro Integral de Atención al Infractor de Tránsito. Este último, en carta enviada al Mintransporte, Germán Cardona, con fecha 13 de julio de 2011, denunció al secretario de Tránsito de Medellín, Rafael Andrés Nanclares Ospina, porque esta dependencia remitía infractores a los cursos de Ciatrán, a sabiendas, reza la queja, de que dicha CIA no estaba habilitada y sus certificados podrían carecer de validez.
Aunque hay pruebas de esas remisiones, Nanclares Ospina pasó de largo sobre el asunto. Vía email, se limitó a decir que tanto en línea como en las taquillas del Tránsito se informa a los usuarios de las tres CIAS que hay autorizadas en la ciudad, para que cada quien escoja en donde quiere hacer el curso. Así mismo, indicó que, por no ser ya de su competencia, el Tránsito de Medellín paró los cursos y solo tiene pendientes 700 que ya estaban programados.
Con ese paso al costado, que ordena la ley, el 25 por ciento de los 2.400 millones de pesos que mensualmente se mueven en multas en Medellín quedó a disposición de las tres CIAS, con una tendencia favorable a los lícitos intereses privados.
Según el SIMIT, entre enero y noviembre de 2011 se recaudaron en esta capital más de 26.866 millones de pesos por el pago de 207.463 comparendos. Eso arroja un promedio de 129.498 pesos por multa, de los cuales 32.374 pesos corresponden a las empresas que dictan los cursos para los infractores de tránsito que se ganaron los descuentos de ley.
Por su parte, el Tránsito de Medellín informa que en lo corrido del año las multas, incluyendo las fotomultas, han crecido, en número, 127.296, al pasar de 212.722 en 2010 a 340.018 en la presente vigencia. No se puede ir más allá en el análisis, porque el organismo no dijo cuántas de estas infracciones fueron canceladas. Tampoco suministró datos sobre los valores percibidos por las CIAS porque, argumentó, se trata de entidades privadas, vigiladas por la Superintendencia de Puertos y Transporte.
En medio de la orfandad oficial de cifras, Ciatrán comentó que, con base en datos que le suministró el Tránsito, en el solo mes de noviembre de 2011 las tres CIAS que funcionan en Medellín realizaron 17.900 cursos, de los cuales le correspondieron a ella 6.800. Proyectado a un año completo, y con el valor promedio antes referenciado, estas empresas podrían percibir en plena operación más de 7.000 millones de pesos.
Con las batallas jurídicas que ha ganado, Ciatrán tiene por ahora despejada su operación y en el caso de la capital antioqueña lo que sigue es una fuerte puja por los infractores con sus rivales. Todos están alineados en precios. Los factores diferenciadores serán la calidad en el servicio, la facilidad para atender en el menor tiempo posible a los usuarios que toquen a sus puertas y su ubicación en sitios estratégicos de la ciudad.
Los legisladores del 2002 fueron generosos y les dieron a estos empresarios una buena base de negocios. Sin embargo, su mayor tesoro, en la actualidad, está en el progreso de la cultura de pago de las multas, pues de cada 100 que se imponen solo se pagan 40.
Ahí hay un gran aliado. Pero también hay "enemigos", siendo uno de los principales la "inteligencia vial" de los conductores. En este frente Medellín sigue rajado, como lo confirma el mismo Tránsito, al afirmar que el número de multas creció un 60 por ciento frente al año anterior.
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