Mientras el Gobierno venezolano mantiene su cronograma estatizador dentro del plan de un nuevo socialismo, cada día se le hace más difícil manejar las variables económicas y es menos convincente frente a la opinión pública.
Una inflación que no se puede controlar y que ya el propio ministro de Finanzas, Alí Rodríguez Araque, admitió que terminará por encima de las proyecciones y que rondará el 27 por ciento, muestra cómo las políticas en esa área, ni el control de precios han funcionado.
Mientras tanto, las importaciones de alimentos cubren el 80 por ciento de las necesidades domésticas lo que demuestra que la producción local aún no levanta cabeza, a pesar de los diversos programas que se han lanzado en varias oportunidades para demostrar que el socialismo del siglo XXI es viable.
Además hay una caída en la producción petrolera que el Gobierno no quiere reconocer pero que algunos entendidos en la materia aseguran llega a cifras tan bajas como las que se registraban varias décadas atrás. El Ejecutivo dice que la producción está por 3,5 millones de barriles diarios, mientras que desde el sector privado se asegura que no supera los 2,5 millones.
Según un informe del diario El Nacional, las nacionalizaciones le pueden costar al país este año 10.850 millones de dólares y si se suman los pagos del año pasado por CANTV, las compañías eléctricas y las compensaciones a las petroleras, el desembolso total sería de 20.000 millones de dólares.
Los sectores estatizados son el petrolero (Faja del Orinoco), empresas del sector de electricidad, algunas siderurgias, el Banco Santander, industrias del cemento y empresas menores del sector alimenticio. Ya se llamó la atención sobre los distribuidores de combustibles.
Hacia el fracaso
El economista Maxim Ross presentó el libro Capitalismo Salvaje o Estado Depredador, que se ha convertido en un de los más vendidos en las últimas semanas, y asegura que todos los gobiernos, inclusive en los años 50 y luego en los 70, que han pretendido estatizar los principales sectores productivos utilizando la renta petrolera "han fracasado y terminado quebrados". Cree que ahora nada es diferente para que sea de otra manera.
Agrega que ninguna empresa que ha estatizado con fines sociales ha logrado operar bien porque se les elimina el referente de rentabilidad y por más dinero que se tenga como respaldo se puede permanecer en el tiempo de manera indefinida.
Un ejemplo que hay para mostrar, asegura, es la propia PDVSA que no solo ha disminuido su producción, sino que ya no invierte en fortalecimiento y en capacitación para ser más productiva, mientras se dedica a trabajar en áreas que no le corresponden. Según cálculos que maneja, a pesar de los altos precios del petróleo y sus abultados ingresos, la deuda de la petrolera a corto y largo plazo ha crecido y está alrededor de 32.000 millones de dólares.
Otro de los economistas de prestigio, Leonardo Buniat, considera que las nacionalizaciones se inscriben dentro de un objetivo del plan socialista del presidente Hugo Chávez en el que desaparece la inversión extranjera, se ahuyenta y restringe la inversión nacional y se achica al sector privado, no sólo alejando al país del concierto internacional sino aumentando la pobreza.
Para Buniat la experiencia del Estado en el manejo de los diferentes ámbitos de la economía ha sido desastrosa. En el campo petrolero no sólo se ha perdido la capacidad de producción sino que se ha creado una burocracia elevada e improductiva.
Si se mira la telefonía, cada día se escuchan más quejas, mientras en el energético se regresó al pasado con cortes de luz que ya eran historia y en ninguno de estos dos campos se sabe de una inversión para su mejoramiento.
Nada asegura que las cosas vayan a mejorar tampoco en el campo de las cementeras o de empresas pequeñas de alimentos donde el Estado es el nuevo propietario. Más cuando según un reporte del diario El Universal, el 40 por ciento de las empresas estatizadas mantienen conflictos con los obreros.
El Gobierno se defiende señalando que además de incluir sectores donde nunca se había llegado, índices como el de desempleo demuestran que está en el camino correcto.
Según el último reporte del Instituto Nacional de Estadística (INE) este año el desempleo terminará en 6 por ciento cuando en 1995 era del 15 por ciento y en el 2002, durante el paro petrolero, estaba en 20 por ciento.
Mientras el Gobierno siga pensando que el Estado es el único capaz de resolver los problemas y de lograr la transformación social será muy difícil que se cambie el rumbo, así muchos duden de su eficacia.
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