Por tercera vez ante los alcaldes de todo el país, en esta ocasión en Bucaramanga, el presidente Juan Manuel Santos reiteró que presentará al Congreso una reforma para eliminar la reelección presidencial y a cambio, ampliar el período, junto con el de alcaldes y gobernadores, unificándolos.
Luego de expresarles su agradecimiento a los alcaldes por la ayuda para su reelección presidencial ("sé que la inmensa mayoría de ustedes hizo todo, todo lo que estuvo a su alcance de espíritu y corazón"), el presidente dijo que "no es sensato como hoy funciona la reelección". En su caso, a muchos votantes en segunda vuelta y a él mismo les pareció sensata.
Pero más allá de las entrelíneas de lo dicho y lo omitido por el Jefe del Estado en su intervención ante los gobernantes municipales, hay que tener en cuenta lo fundamental. Y es que el país se verá en el inmediato futuro abocado a la discusión de varias reformas, empezando por las derivadas de los eventuales acuerdos de paz.
Por eso, esta reforma que se propone ampliar los períodos y unificarlos, tiene que superar un debate muy serio, que deje probado ante los colombianos las ventajas que traería la modificación de los períodos de gobierno (nacional, departamental, municipal) y todo lo que ello trae aparejado.
En cuanto a la reelección presidencial, este diario ha manifestado que, efectivamente, debe acabarse y en su lugar, ampliarse el período a partir de 2018 (editoriales "Nuevo período presidencial", del 03/03/2014, y "Fin de la reelección", del 20/06/2014). Pero también ha planteado interrogantes sobre las grandes y graves definiciones que ello obligará respecto a una estructura institucional pensada para períodos cuatrienales.
Porque en caso de definir un nuevo período presidencial, y de alcaldes y gobernadores, ¿se deberá unificar con ellos también el período legislativo? ¿El de los órganos de control, el de las altas cortes? ¿se prohibirá toda reelección, incluso la no inmediata?
No es tan sencillo decretar "unifíquese todo el sistema de elección popular de servidores públicos en una sola fecha". Porque el sentido político e institucional de todas esas elecciones no es el mismo. Y el mandato conferido por los electores se deriva de lógicas diversas según sea el cargo que se va a surtir mediante el voto.
Por otra parte, en el caso de alcaldes y gobernadores ya elegidos no sería constitucionalmente posible extender, mediante acto legislativo aprobado por el Congreso (órgano constituyente secundario), un mandato conferido por el pueblo (constituyente primario) para un término previamente definido de cuatro años.
La extensión de períodos unificados se podría hacer a partir de las elecciones presidenciales de 2018. Por tanto, habría que aprobar un régimen de transición de modo que las elecciones regionales y municipales de octubre de 2015 se convoquen para un mandato de 31 meses (del 1° de enero de 2016 al 7 de agosto de 2018). Si por los votantes fuera, esto último sería posible. Pero todo esto depende en mayor medida de los políticos, algunos de los cuales piensan en sus propios intereses.
La lógica política enseña que querer reformarlo todo de una vez lleva a que, al final, nada se pueda cambiar.
Por eso hay que tener la suficiente inteligencia y el necesario sentido de oportunidad para saber cuáles son los ajustes prioritarios, y cuáles pueden irse acoplando luego para evitar que, de pura reformitis, el sistema se paralice.
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