La Constitución Política colombiana, acogiendo una institución consolidada en los sistemas democráticos liberales desde hace mucho tiempo, concede a los parlamentarios elegidos popularmente la garantía de “inviolabilidad” por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de su cargo.
Esta prerrogativa se deriva, entre otras, del principio de separación de poderes. Al tener entre sus funciones la de ejercer control político al Gobierno, el parlamentario ha de tener la garantía de que no se le penalizará por sus opiniones o por el sentido del voto que, como depositario de un mandato popular, ejerza en el Congreso.
Pero la inviolabilidad, por supuesto, no debe dar patente de corso para cualquier cosa. No solo debe ir de la mano del otro mandato constitucional que dispone que los miembros del Congreso “deberán actuar consultando la justicia y el bien común”, sino de cierto sentido cívico del respeto al otro, el mismo que asiste al resto de ciudadanos.
Esta semana se vivió un debate en el Congreso, cuyos ecos aún resuenan, no tanto por su aporte al mejoramiento del clima social, sino por la frustración que se deriva de plantear este tipo de discusiones como espacio para el linchamiento moral y político a adversarios ideológicos.
El Congreso, ciertamente, no debe cerrarse a la posibilidad de debatir, de cara al país, los grandes problemas que han impedido que salgamos de ese estado de anormalidad política, social e institucional que a todos nos afecta.
Hay debates necesarios, pertinentes. Que admiten, por supuesto, como es normal en una democracia deliberante, la radicalidad en la defensa de las ideas, la controversia dialéctica para enfrentar posiciones antagónicas y, evidentemente, la propia defensa del honor mediante la palabra.
Pero otra cosa es lo que está presenciando el país. Porque estamos asistiendo al efecto cruzado de la judicialización de la política y de la politización de la justicia.
El desacertado enfoque que se le dio al debate del pasado miércoles, además del incumplimiento por parte del senador citante a las normas fijadas por el propio Congreso, ha derivado en una serie de denuncias penales contra muchos de los participantes.
¿Ampara la inviolabilidad de opinión parlamentaria las acusaciones vertidas sobre pertenencia, complicidad o promoción de actividades delincuenciales, atribuidas a otro miembro del Congreso?
¿Es legítimo que ante una rivalidad política e ideológica, que debería solventarse mediante los votos limpiamente obtenidos, se acuda a la vía judicial, penal, para derrotar al contrario?
Es posible que la inviolabilidad parlamentaria, tal como lo establece la sentencia SU-047 de 1999 de la Corte Constitucional, abarque prácticamente toda la extensión tolerable a las opiniones de los congresistas. De allí que seguramente muchas de las denuncias penales presentadas esta semana de unos contra otros no prosperen.
Diferentes, en cambio, son los efectos políticos de las acusaciones sin sustento, o peor, la utilización de documentos o pruebas falsos para denigrar el honor del adversario.
Todos los participantes de esta refriega política tienen que tener en cuenta eso. En sus cálculos no pueden incluir la destrucción impune de la honra ajena, sin atender que hay una sociedad hastiada del “todo vale” y del sectarismo que hace ver a uno solo de los protagonistas de la violencia en Colombia como culpable único de nuestras desdichas.
