Al ingeniero residente le brota de sopetón un deje nervioso en las manos, cuando se acuerda que un escolta motorizado, contratado por la firma constructora, lo sigue de cerca como un ave de mal agüero.
Se le quiebra la voz cuando se ve a sí mismo estacionado en un semáforo y alguien, de golpe, se queda mirándolo desde una moto. Cada vez que va a la obra, no sale de los linderos del edificio. El hombre que ahora vela por su seguridad, se camufla armado entre las varillas y el lodo, haciéndose pasar por peón. Pasa que el ingeniero está amenazado.
Desde el primer día que comenzaron los trabajos, un sujeto llegó a preguntar "con un tonito fuerte, ¿Quién es el encargado?".
La exigencia fue sin rodeos. "Había que pagar vigilancia 24 horas, con dos muchachos nocturnos y cuatro de día. Incluso hizo las cuentas de lo que costaban los recargos nocturnos y dominicales", declara.
La nómina sumaba casi 8 millones de pesos mensuales, lo que vale en realidad un servicio de seguridad privada. "Yo pregunté a los ingenieros de la zona y me dijeron que eso era común. Un día llegó otro muchacho diferente a traer un mensaje supuestamente del patrón de ellos, que decía 'que si nosotros creíamos que era charlando'", dice un maestro.
Que contratistas estén siendo extorsionados y presionados, en zonas donde el conflicto campea, es algo que el personero de Medellín, Jairo Herrán Vargas, viene denunciando desde el año 2004, en sus informes anuales de derechos humanos.
"La construcción es uno de los blancos preferidos de las bandas". Incluso se atreve a deducir que en este tipo de comunidades (por supuesto no en todo Medellín) no se hace una obra si no se paga 'vacuna'.
El "Florero de Llorente" se quebró con el paro de dos semanas que padeció el proyecto de vivienda Juan Bobo, que se levanta en la Comuna 2, a cargo de la firma Cálculo y Construcciones Ltda.
"Al no acceder a las pretensiones de las bandas, tuvimos que desocupar. Ese mismo día (el 30 de julio), a las 8 de la noche, se robaron un computador y materiales eléctricos avaluados en 10 millones de pesos", dice la directora de la obra.
Los trabajos se reanudaron en uno de los frentes desde que llegaron doce soldados de la IV Brigada del Ejército a cargo de un cabo segundo. "Pasamos de 70 obreros a 45. La razón es que sólo trabajamos donde nos tienen garantizada la seguridad", comenta un profesional de la compañía.
Prefieren no hablar
Pero no es fácil saber a ciencia cierta qué tan hondo es el poder de presión de los combos hacia las empresas adjudicatarias, que, como han podido, han tratado de mantenerse al margen. Al despacho del coronel William Alberto Boyacá, comandante de la Seccional de Investigación y Policía Judicial (Sijín) no ha llegado la primera denuncia.
Tampoco a la Unidad de Bandas Emergentes del CTI, de la Fiscalía. Quien sí ha sabido de cobros ilegales es el mayor Farley Forero, comandante del (Gaula) de la Policía en Antioquia. "Tenemos denuncias que se están judicializando con la Fiscalía en las Comunas 3, 5 y 7", revela.
El oficial es claro en advertir que lo recomendable es denunciar la extorsión y no terminar vinculado en un proceso por financiación de bandas emergentes, como sucedió en el pasado en el Urabá antioqueño, por no ir muy lejos.
Y es que las denuncias en el Valle del Aburrá no son de poco calibre. Carlos Alberto Arcila, presidente de la Mesa de Derechos Humanos de la Comuna 6 envió hace poco una carta a la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), en la que vaticinaba que las obras del Proyecto Urbano Integral, una inversión que estará por los 100 mil millones de pesos, podría en el futuro ser objeto de una millonaria 'vacuna'.
Según Arcila, los grupos ilegales estarían a la espera de una tajada de 300 o 400 millones de pesos. "¿Por qué hacemos ese cálculo? Porque en la zona ya se han hecho cobros con ese porcentaje. Sabemos de un jardín infantil que pagó 12 millones de pesos para poder comenzar trabajos. De lo contrario, no los hubieran dejado", dice.
Consultado por el tema, el contratista de dicha edificación contestó: "Para que no nos enredemos mucho la vida. No quiero tener problemas. Me abstengo de hacer cualquier comentario porque ahí está en juego uno", dijo.
Por su parte, María Eugenia Villa Ramos, gerenta de la EDU, aclara que la carta tuvo un carácter preventivo y que como tal, el PUI se ha hecho acompañar de la Policía y toda la institucionalidad.
'Vacunas' alimentan guerra
Pero por otro lado, Arcila repone: "Algunos constructores nos dicen que eso es normal. ¿cómo así que normal? Aquí las bandas están en disputa por diferentes razones. Una de ellas es el control de 'vacunas'. Eso genera enfrentamientos, los enfrentamientos son homicidios, desplazamientos, limites de movilidad".
Sólo en los barrios Castilla y Doce de Octubre se cometieron este año 184 homicidios (entre el 1 de enero y el 13 de agosto), según Medicina Legal. Es precisamente la Comuna 6 la que sirve de residencia de combos tan numerosos como "Los Mondongueros", que bien pueden pasar de los 200 integrantes.
A las 2 de la tarde del jueves pasado, un vigilante de una obra que marcha a buen paso, reconoce entre dientes que en la mañana vino un hombre por los tres bultos de cemento que le entregan cada ocho días. "Otro tipo llega dos veces al mes por 500 mil pesos. Así se maneja aquí, pero no se si el ingeniero tiene conocimiento de lo que pasa".
Desde que comenzó la Alcaldía de Sergio Fajardo en 2004 y, posteriormente, la de Alonso Salazar, el municipio tomó como bandera llevar obras de la mayor calidad y dignidad a las zonas más deprimidas de Medellín.
Se robaron retroexcavadora
Pero justamente ese colosal esfuerzo es el que están aprovechando los combos. A principios de este año, en el barrio Castilla se produjo un robo que en principio fue difícil de creer: miembros de un grupo delincuencial de la zona se robaron una retroexcavadora. Algunos vecinos dicen que la enorme máquina ya fue vendida.
Aún así, el proyecto -una imponente ciudadela de canchas sintéticas de rugby y fútbol-, continuó y ya está a punto de ser entregada, según lo confirma Diego Ángel Mejía, director de Escenarios del Inder.
En el proceso de construcción de un jardín infantil en el barrio Robledo Aures, en las laderas del Occidente, nueve obreros renunciaron este año, pues a muchos los bajaban de los buses antes de que llegaran a marcar tarjeta.
¿Los contratistas qué dicen?
José Fernando Villegas Hortal, director de la Cámara Colombiana de Infraestructura reconoce que en ciertos sitios muy puntuales hay problemas. "A veces toca esperar a que pasen los enfrentamientos, para poder iniciar labores".
Sin embargo, Villegas hace énfasis en que los constructores no hacen parte del conflicto y como tal, tratan de mantenerse al margen. "El tema para nosotros no es nuevo. Lo que pasa es que hay momentos en los que se agudiza".
Inconvenientes de orden público, según supo EL COLOMBIANO, a través de contratistas, se han reportado en Castilla, San Javier, Independencias, Pedregal, arriba de San Michel, Santo Domingo, Andalucia La Francia, Zamora, Pajarito y Acevedo.
La pregunta es, ¿Qué tan grave es la situación si las denuncias no están en los escritorios judiciales? Ocurre como las 'vacunas' al transporte público, que durante varios años permanecieron bajo la sombra del silencio. Carlos Alberto Arcila, hace un parangón: "Todo el mundo tiene conciencia de que Dios existe, pero nadie sabe cómo demostrarlo".
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