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La Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), apoyada por la Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá, la Corporación Casa Mía y otras ONG, propuso ayer un "pacto ciudadano e institucional por la convivencia y la seguridad en Medellín y el área metropolitana, en clave de derechos humanos y paz".
Fernando Quijano, presidente de Corpades, instó a la institucionalidad a que tome las riendas de la "tregua" que se presenta en el Aburrá entre "la Oficina" y "los Urabeños".
Planteó "que el pacto del fusil realizado el 14 de julio entre estas estructuras se extienda hasta el 15 de diciembre de 2013. Una tregua con verificación". Detalló que en ella se deben respetar el derecho internacional humanitario y los D.H. Dijo que se debe verificar que en el "conflicto armado, social y urbano que vive la ciudad", no se incluya a la comunidad.
"Disminución progresiva del control territorial, económico y militar por parte de las dos estructuras y sus más de 350 bandas del área metropolitana. Y retirar a los grupos de choque de la Fuerza Pública y establecer una Policía comunitaria para la paz y la seguridad", agregó Corpades.
"Más de 7.600 personas asesinadas en siete años por ‘la Oficina’", denunció Quijano. Por su parte, Carlos Arcila, coordinador de la Mesa de D.H. del Aburrá, aseguró que el 98% de los homicidios de Medellín queda en la impunidad.
La idea de las ONG es que el cumplimiento de estos compromisos sea verificado por la academia, empresarios, ONG, comunidad internacional, Cruz Roja Internacional y por los gobiernos de Medellín, área metropolitana, departamento y Nación.
Quijano sostuvo que las estructuras ilegales deberían poner un billón de pesos que, según él, ya tienen, para reparar a sus víctimas. Opinó que el Estado debería aportar.
Corpades sugirió que si la tregua es exitosa, habrá que "establecer bases para el desmonte violento del conflicto, desde el 1 de enero de 2014. Serían diálogos para finalizar el conflicto, en perspectiva de un sometimiento a la justicia con dignidad, pero sin impunidad".
"Si la tregua funciona, el 1 de enero les diríamos a las estructuras ilegales que nos devuelvan más de 6.000 menores de edad que están en la guerra para que se acojan al principio de oportunidad. Se reduciría ese ejército de más de 13.000 ilegales", afirmó Quijano.
El secretario de Seguridad de Medellín, Arnulfo Serna, comentó: "Es evidente que se ha producido un pacto entre algunas estructuras delincuenciales. No obstante, siguen ocurriendo homicidios. Ayer (domingo), en la comuna 13, hubo uno de un joven. Y esta mañana (ayer) tuvimos otro en el Doce de Octubre".
"Seguimos trabajando en atacar toda forma de criminalidad en la ciudad. La Administración no puede entrar directamente a pactar con la delincuencia. Se requiere una directriz del nivel nacional".
Apuntó que, desde abril, vienen bajando los homicidios en la ciudad. En julio, hasta ayer iban 53, frente a 107 de 2012. Hasta el 28 de julio, en 2013 iban 610, frente a 675 en el mismo lapso de 2012.
"En abril, mayo y junio bajaron los homicidios y no se hablaba de pactos. Hay que reconocer la operatividad de la Policía y el apoyo de la Alcaldía", opinó.
El general José A. Mendoza, comandante de la Policía Metropolitana, dijo que en la reducción de homicidios ha habido compromiso de las autoridades, en cabeza de la Alcaldía. "Seguiremos trabajando con autoridades judiciales y las alcaldías. No vamos a ceder".
El analista Jaime Fajardo dijo que los pactos entre combos buscan control territorial. "Desmontar estas estructuras debe ser política institucional", señaló.