En reiterados mensajes, hace más de un año, el gobernador Luis Alfredo Ramos y la Gerencia de Concesiones, urgieron a las autoridades de Medellín y Envigado y a Corantioquia, a que tomaran los correctivos con los usos del suelo en el sector de Las Palmas para que no se presentaran calamidades como la actual.
Así consta en oficios firmados por el mandatario y por Rodrigo Caicedo, en los que señalaron que los esfuerzos adelantados para minimizar los riesgos en los taludes eran infructuosos sino partían de un compromiso serio de las entidades que deben garantizar la protección del medio ambiente, la prevención y mitigación del riesgo.
Una de las cartas fue dirigida por el gobernador Ramos Botero al alcalde Alonso Salazar el 17 de junio de 2008, en la cual anotó que en la zona "se presenta un uso inadecuado del suelo en el que es evidente la falta de control por parte de las entidades competentes", en la que señaló a las oficinas de planeación de Medellín y Envigado.
Puso como ejemplo, la dinámica de construcción permitida en la parte alta de la montaña, densificando y saturando terrenos de ladera que estaban dedicados a la conservación de bosques y que se habían mantenido como zonas de reserva natural.
A ello agregó la evidencia de actividades como el inadecuado manejo de los materiales sobrantes de excavaciones que se descargaban sobre las laderas, la construcción de terraceos inapropiados, la intervención de zonas inestables, el mal manejo de aguas y la tala de bosques, que conllevan a incrementar el grado de inestabilidad de los terrenos, "generando movimientos en masa de gran magnitud, que afectarían no solo la infraestructura vial, sino la vida y bienes de la comunidad".
Ramos lo puntualizó con un "llamado urgente" a las administraciones de Medellín y Envigado, al Área Metropolitana y a Corantioquia para que se tomaran de inmediato acciones decididas.
Evolucionaron las normas
En contexto con la situación sobreviniente de emergencia que se presenta en Las Palmas, el secretario de Planeación de Medellín, Mauricio Valencia, indicó que la Administración ha sido cautelosa y metódica a la hora de señalar responsabilidades y en su lugar se ha puesto de lado de la solución.
La normatividad, precisó, se ha modificado en la historia reciente, y lo concretó en de tres momentos relacionados con acuerdos municipales.
Uno de ellos fue el Acuerdo 38 del 90 que definió el perímetro urbano entre la cota de 1.800 y 1.850, y el límite periurbano en la cota de 2.400. En éste, dijo, no había siquiera densidades que definieran la cantidad de viviendas respecto a los metros cuadrados.
Luego se aprobó el Acuerdo 62 del 99, que mantuvo la cota urbana en lo mismo, y en cota suburbana permitía un uso mixto urbano-rural, con densidad de 5 viviendas por hectárea. "En la zona de alta montaña se permitía una vivienda por cada 2.000 metros cuadrados", dijo.
Pero en 2006, añadió, con el Acuerdo 46, luego del Plan Especial de El Poblado de 2005, se pasó a una vivienda por cada 38.000 metros cuadrados (38 hs). "Se pasó de una por cada 2.000 metros a una por cada 6 cuadras".
Con aquellos actos, Valencia desvirtuó afirmaciones de que la administración Fajardo dio "permisos irresponsables" en zonas de ladera, sino que generó una mirada a largo plazo en la zona.
Mucho de lo que hoy se aprecia en zona de ladera, aseguró, obedece a licencias amparadas en las normas anteriores, y a la extensión de algunas de esas licencias, como también a la agilidad de algunos constructores antes que salieran los nuevos decretos.
Sobre los oficios del gobernador, Valencia afirmó que se respondieron todos y aludió a un informe del 26 de noviembre de 2008 en el que se habló de una masa de coluvión saturada, colgada a media ladera que amenazaba la vía y los usuarios.
Luego, añadió, el Área envió un informe técnico con la identificación de cada uno de los puntos críticos de la vía, y sobre el estado de cada parcelación, advertidos en visitas conjuntas con Corantioquia.
Según el funcionario, en 2008 también se definieron las jurisdicciones, de manera que al Municipio de Medellín le corresponde hasta 600 metros arriba de Chuscalito, y de allí en adelante la operación y mantenimiento son del Departamento y la Nación.
Para Valencia, es momento de soluciones en una cultura de participación.
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