Pese a que este martes se llevó a cabo el debate de control político que la Comisión Segunda del Senado había programado para esclarecer el tema de las interceptaciones telefónicas ilegales a periodistas, que había sido aplazado en dos oportunidades, muchas preguntas se quedaron sin respuesta.
A diferencia de lo que había pasado en las dos sesiones anteriores, el almirante Álvaro Echandía Durán, director de la Agencia Nacional de Inteligencia, sí se hizo presente. Pero en esta oportunidad no asistieron el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, ni el Fiscal General, Eduardo Montealegre.
También compareció el director de la Unidad Nacional de Protección, Andrés Villamizar, y asistieron como invitados los periodistas Hollman Morris, gerente del Canal Capital, e Ignacio Gómez, subdirector de Noticias Uno y director de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip).
Tras la intervención del senador Juan Lozano, uno de los citantes del debate (la otra citante fue la senadora Alexandra Moreno Piraquive), la célula legislativa les dio la palabra a los dos comunicadores, quienes insistieron en que en el país persiste la falta de garantías para ejercer el periodismo.
"Después de escuchar la intervención del senador Lozano no puedo sino reiterar mi preocupación y creo que la expresión que en este momento me sale del corazón y de alma es que estoy aterrorizado", dijo Morris. "Si bien aquí nadie puede decir lo que pasó con Gustavo Álvarez Gardeazábal y Hernán Peláez, tampoco nadie puede asegurar que solamente sean ellos en este momento".
Gómez, por su parte, sostuvo que el impacto fundamental de las interceptaciones ilegales, además de la violación de derechos individuales de los periodistas, es atentar contra el valor que la sociedad colombiana tenía en su periodismo.
"La posibilidad que tiene el Estado para pelear contra su propia corrupción es la libertad de expresión. El funcionario que está dentro de la administración y que ve hechos de corrupción contra los que no puede luchar porque corre peligro su vida o su empleo, acude a los medios de comunicación", aseguró Gómez.
El almirante Echandía sostuvo que la Agencia Nacional de Inteligencia no hace inteligencia táctica ni operativa, sino estratégica, y por eso no riñe o compite con otras agencias del Estado. "El nivel estratégico de inteligencia es el que sirve al Estado para tomar decisiones generalmente políticas. Es la inteligencia de este nivel la única que nosotros hacemos", explicó.
"Por eso, el tema de las interceptaciones telefónicas está lejos de nuestra órbita de operaciones. No nos interesa este tema", enfatizó. "Nosotros no recibimos, una sola hoja, un disco duro, una sola fotografía, una sola grabación, absolutamente nada de los archivos del DAS, recibimos los equipos que tienen una absoluta trazabilidad, con todos los registros, bajo custodia de la Fiscalía".
Así mismo, anunció que en la investigación interna disciplinaria no ha culminado "y hasta el momento no se han encontrado indicios de desviación de poder, de realización de operaciones no autorizadas por medio de orden escrita ni violación de los protocolos o doctrinas, que lleven a fallas disciplinarias".
A su turno, el director de la Unidad Nacional de Protección recordó que cuando fue nombrado en el cargo, la primera directiva que firmó y emitió para sus subalternos es que en esa dependencia está rotundamente prohibido que los funcionarios indaguen o averigüen por la vida de las personas protegidas, salvo aspectos estrictamente relacionados con la seguridad de esas personas.
Al final del debate, el senador Lozano sostuvo que aún quedan muchas preguntas por responder y subrayó su advertencia de que al proceso de liquidación del DAS el Estado y la sociedad deben ponerle todo el cuidado.
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