Carros y motos quemados, ríos de aceite que bañan la destruida carretera que conecta con Tibú, árboles atravesados en la vía, barreras de llantas, toneles metálicos, centenares de personas con capuchas y escudos de plástico y el olor a caucho quemado son el común denominador en el corregimiento La Cuatro, epicentro de la batalla que se vivió en la madrugada del sábado entre campesinos que reclaman sus derechos y la fuerza pública que busca recuperar el control.
La zona, pese a los anuncios de la Policía de normalidad en el flujo de automotores, es controlada por la resistencia campesina que desde la semana pasada protesta por la erradicación de cultivos ilícitos sin garantías de subsistencia y por la no adopción de las zonas de reserva que propusieron al Gobierno Nacional.
En los dos puntos de concentración de las protestas campesinas, según cifras de la Asociación de Campesinos del Catatumbo (Ascamcat) hay más de 3.200 personas. En el sector conocido como La Aduana hay cerca de 500, en La Cuatro 1.700 y el restante disperso entre las montañas y zonas aledañas.
Solo de La Gabarra se desplazaron desde hace varios días más de 2.000 personas y por esa razón en el corregimiento solo permanecen la Policía, el Ejército y unas cuantas mujeres cuidando sus viviendas.
Este domingo, una comisión humanitaria liderada por el Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez y respaldada por organismos internacionales, la iglesia Católica y representantes de la Asociación de Campesinos del Catatumbo (Ascamcat), ingresó a la zona de conflicto, donde desde hace ocho días se impide el acceso al casco urbano de Tibú.
En la noche del sábado los campesinos quemaron una camioneta Nissan, que según ellos es de propiedad de un contratista de Ecopetrol. El auto permanece atravesado en la mitad de la vía que conecta a los sectores La Aduana y La Cuatro.
A una camabaja le rompieron los vidrios frontales y la dejaron atravesada cerca al punto de concentración en La Cuatro con la intención de quemarla.
Según los campesinos estos automotores son utilizados para la extracción de la riqueza de la zona que se envía a otras zonas y los empobrece más a ellos.
José Miguel Paz, líder del corregimiento Filogringo de El Tarra, señaló que continuarán con este tipo de acciones y mantendrán intacta la resistencia campesina hasta tanto el Estado les cumpla las promesas hechas y sea un hecho la suspensión de la erradicación.
“El Gobierno Nacional ha manifestado el interés de dialogar y estamos atentos a mirar las condiciones en que se daría ese encuentro. El campesinado está dispuesto a no levantar las protestas hasta que las soluciones se concreten”, dijo.
Otro de los líderes, quien prefirió no revelar su identidad, dijo que se cansaron de hacer marchas y les prometieran en el papel soluciones que solo llevan al desconsuelo y ahondar el hambre y la miseria.
José del Carmen Abril, fiscal de Ascamcat, dijo que como asociación esperan lograr acuerdos en el encuentro que anunció el gobernador de Norte de Santander, Edgar Díaz Contreras, para este miércoles en Tibú a partir de las 9 de la mañana y al que asistirían el ministro de Agricultura, Francisco Estupiñán Heredia y la directora del Incoder, Myriam Villegas. Además de los alcaldes de los siete municipios del Catatumbo, personeros, concejales y líderes campesinos.
El líder recibió con beneplácito los anuncios de Díaz Contreras sobre la salida de los erradicadores de cultivos ilícitos este jueves. Sin embargo, dijo que depende de la voluntad del Estado llegar a una salida concertada.
“Después de 70 años de explotación de petróleo nos cansamos de ver a las comunidades viviendo en casas de tabla mientras las multinacionales explotan los recursos del Catatumbo y enriquecen a otros países”, señaló Abril.
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