Un gran revuelo causó en la mañana de este martes la noticia de que el carpintero Ariel Josué Martínez, habitante de San Vicente del Caguán (Caquetá), sería extraditado a Estados Unidos acusado de orquestar una red de lavado de activos con transacciones por internet.
“Mientras soñamos con 'ser capaces' de lograr la paz, el gobierno debe ser capaz de asegurar justicia”, opinó Bertha Lucía Arnedo, en Twitter, a lo que añadió Carlos Fernando Quiroz: “Es importante que desde el Congreso se pronuncien sobre injusticia con el Carpintero que quieren Extraditar.
Ahora, la misma Fiscalía que lo capturó el 18 de marzo pasado en su taller, es el que pide al Departamento de Justicia de Estados Unidos que se verifique que no se trata de un homónimo y revise la plena identidad de este campesino que, aseguran sus vecinos, apenas sabe leer y escribir, y no sabe manejar un computador.
La solicitud del ente acusador se da después de que la Corte Suprema de Justicia dio vía libre a la extradición y el presidente Juan Manuel Santos la avaló el pasado 3 de septiembre. Que firmara sin leer lo temía el sacerdote José Samuel García, del seminario mayor de San Vicente del Caguán, quien ha alzado la voz en defensa del carpintero y considera una injusticia su caso.
“Por favor, Presidente, tenga en cuenta la barbaridad que se va a cometer. Van a extraditar a un inocente”, escribió el representante de la iglesia católica, según El Tiempo, que reveló la historia el domingo pasado.
Según el mismo diario, los abogados del campesino boyacense tienen plazo hasta el próximo viernes para interponer un recurso de reposición ante el Ministerio de Justicia, como última alternativa para frenar la posibilidad de que el carpintero termine en una cárcel de Estados Unidos. Por ahora espera que su destino cambie en una celda de La Picota, en Bogotá.
“No pueden señalar a un hombre que a duras penas sabe leer y escribir como el jefe de una red dedicada a hacer transferencias”, clamó el sacerdote García, quien luce una camisa estampada con un mensaje: “Libertad para Ariel”.
A pesar de las múltiples solicitudes a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo, estas entidades del Ministerio Público se limitaron a responder que son las autoridades estadounidenses quienes deben reconfirmar la inocencia de Ariel.
El diario capitalino contactó al campesino en el patio 15 de la cárcel La Picota, quien comentó: “Me dicen que eso le corresponde a la justicia de Estados Unidos. Ellos me acusan de presuntas cosas, y el Gobierno colombiano me entrega sin darme la oportunidad de demostrar que no tengo nada que ver con lo que me acusan”.
