“Mi familia y yo perdonamos a 'Popeye'. No solo porque el perdón como medida terapéutica es importante para las víctimas, sino porque él fue solo un instrumento, materializó una idea de un señor que estaba desquiciado por el dinero, que era Pablo Escobar”.
Antes de pronunciar esta frase, el abogado Ricardo Medina Giraldo meditó un momento. En su carpeta lleva varios recortes con titulares de prensa, que a diario le recuerdan la desdicha que ha padecido por culpa del cartel de Medellín: “Asesinan magistrado del Tribunal Superior”, “El precio del deber” y “MinJusticia condena asesinato de magistrado”, dicen los encabezados.
Las páginas de periódicos, ya amarillentas después de casi tres décadas, lo remiten a aquella noche del 8 de abril de 1985, cuando apenas tenía siete años de edad. Desde la ventana de su casa, en el barrio La Floresta, vio llegar a sus padres en el carro, sin el escolta oficial, que ese día estaba incapacitado.
También observó, estupefacto, cuando los dos sicarios en moto se arrimaron y dispararon seis veces contra su papá Álvaro Medina Ochoa. Tres impactos de bala lo alcanzaron, y aunque la esposa Luz Estela Giraldo lo llevó a un hospital, la vida abandonó su cuerpo.
El difunto era magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín y su sentencia de muerte quedó en firme cuando ordenó autos de detención contra el capo Escobar y varios de sus lugartenientes, en 1984. Los mercenarios que lo atacaron en la entrada de su residencia cerraron el telón de un drama que ya ajustaba un año, de cuenta de amenazas telefónicas a él y sus familiares y el envío de sufragios que decían “en paz descanse”.
“Han pasado muchos años y uno piensa que las personas que defendieron la institucionalidad y ofrendaron su vida por ello nunca tuvieron una reparación del Estado, ni verdad ni justicia”, dice Ricardo, quien se cuestiona sobre el hecho al enterarse de la libertad condicional otorgada a Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias “Popeye”, uno de los principales asesinos del cartel.
El hijo del magistrado considera que “es el único responsable de esa organización que ha pagado en alguna medida algo a la sociedad, y como abogado tengo que entender que las penas no son eternas”.
Sin embargo, le hace una petición al exconvicto: “Reclamamos que en una declaración pormenorizada se refiera al exterminio de los magistrados y jueces de instrucción criminal de Antioquia que adelantaban procesos contra el cartel de Medellín”.
A la muerte de Medina Ochoa le siguió la de su compañero del tribunal Gustavo Zuluaga, quien había heredado sus expedientes y cayó abaleado en Laureles. Después mataron a los también magistrados Mariela Espinosa y Héctor Jiménez Rodríguez, en un intento por evitar las investigaciones contra los narcotraficantes.
Por el ataque a su padre y la estela de homicidios subsiguientes de manera sistemática, la familia ha querido que las autoridades lo cataloguen como un crimen de lesa humanidad, que además de generar una reparación directa en dinero, tendría importantes repercusiones para la verdad y la memoria de esta época de violencia, así como en términos de responsabilidad del Estado.
La petición no ha tenido eco. En respuesta a un derecho de petición, el pasado 21 de agosto le contestaron desde Bogotá que la solicitud fue trasladada a la Fiscalía 120 Especializada adscrita a la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario con sede en Medellín. Lo incómodo es que de ese mismo despacho lo habían remitido antes para la Capital. “Me tienen de aquí para allá, como pandequeso maluco”, acota el abogado.
Ricardo finaliza la charla con una reflexión sobre la sociedad antioqueña: “Durante los años 80 y 90 posaron con algunos narcos y nunca respaldaron a las víctimas, ese es mi reproche. Y el Estado omitió respaldar a quienes eran amenazados y ha faltado lo que promete la Ley de Víctimas: verdad, justicia y reparación. El narcotráfico ha sido el combustible de la violencia en Colombia”.
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