Por lo menos 12.000 personas, la mayoría de ellas colombianas, solicitaron este año refugio en Ecuador, el país latinoamericano que más extranjeros con necesidad de protección alberga en su territorio, informó este viernes el Ministerio de Relaciones Exteriores en Quito.
Cerca de 56.000 inmigrantes viven con ese estatus en Ecuador, que en la última década recibió unas 162.000 solicitudes de refugio, precisó la Cancillería.
Del total de peticiones de refugio recibidas en este año, el 98,5 por ciento corresponden a ciudadanos colombianos.
El estatus de refugiado se otorga cuando se considera la existencia de "fundados temores" de persecución por "motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas".
Este año Ecuador otorgó ese reconocimiento a 1.500 personas, las cuales "gozan de los mismos derechos de los ciudadanos ecuatorianos y extranjeros residentes en el país", añade el texto oficial.
El Gobierno ecuatoriano creo seis "oficinas de refugio" en ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, Esmeraldas, Tulcán y Lago Agrio para atender las solicitudes y a la población refugiada.
Además, este año se desplegó una decena de brigadas en las provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, fronterizas con Colombia, así como en la de Santo Domingo de los Tsáchilas, con fuerte presencia de población colombiana, con el fin de actualizar los visados de refugio y verificar certificados de solicitantes.
Según el Ejecutivo ecuatoriano, la atención a la población refugiada demanda una inversión de 60 millones de dólares anuales, sobre todo en servicios de acceso a salud, educación y un subsidio para el consumo de gas de uso doméstico.
El documento de la Cancillería señala que Ecuador "aspira a recibir una mayor cooperación de la comunidad internacional para atender a los refugiados en su territorio, bajo el principio de responsabilidad compartida".
Asimismo, informó que autoridades de Ecuador y Colombia, con el acompañamiento del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), se reunirán en el primer trimestre del próximo año para analizar acciones dirigidas a mejorar la situación de la población refugiada en el país.
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