El procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, hizo un llamado de atención a las empresas para que cumplan la reglamentación vigente que impide vincular mediante contratos de prestación de servicios a personas que desempeñan funciones permanentes en la administración pública.
En circular expedida el pasado 7 de mayo, el Ministerio Público citó la sentencia C-614 de 2009 de la Corte Constitucional que consideró que esto ha permitido incluso la existencia de nóminas paralelas.
" (...) en la que el alto tribunal señaló que a pesar de la prohibición de vincular mediante contratos de prestación de servicios a personas que desempeñan funciones permanentes en la administración pública, se ha implantado como práctica usual en las relaciones laborales con el Estado la reducción de las plantas de personal, el aumento de contratos de prestación de servicios para el desempeño de funciones permanentes de la administración y la suscripción de “nóminas paralelas”, situación irregular y abiertamente contraria a la Constitución", cita la Procuraduría.
En la circular, el Procurador también hace referencia a la Sentencia C-171 de 2012, en la que la Corte reafirma su jurisprudencia respecto de la protección al derecho fundamental al trabajo y del vínculo laboral con el Estado:
“(…) la especial protección de la vinculación laboral con el Estado y los derechos de los servidores públicos, obliga tanto a los particulares o empleadores del sector privado, como a todas las autoridades públicas o empleadores del sector público, a respetar las prohibiciones legales dirigidas a impedir que los contratos estatales de prestación de servicios sean utilizadas como formas de intermediación laboral, de deslaboralización, o de tercerización como regla general, de manera que deben ser obligados a responder jurídica y socialmente por la burla de la relación laboral”.
El procurador Ordóñez Maldonado reiteró que es un deber de todas las autoridades del trabajo en Colombia asegurar condiciones dignas y decentes en la dinámica, así como cumplir las normas vigentes respecto de las prohibiciones a las cooperativas de trabajo asociado, la formalización y generación de empleo y sobre el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
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