La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 20 años al mayor en retiro Javier Efrén Hermida Benavides y al mayor Luis Gerardo Barrero Calderón, por participar en montajes de actos terroristas y hacer que se pagaran con dineros del Estado informaciones sobre los supuestos atentados.
El Ministerio Público explicó que los hechos ocurrieron entre el 14 de julio y el 28 de agosto de 2006, antes y después de la posesión del presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez.
Y fueron cinco las situaciones: la ubicación de un carro bomba en el barrio Gaitán de Bogotá que explotó causando heridas a varios militares y la muerte a un particular; la colocación de un carro bomba en el Centro Comercial Caracas; la ubicación de material explosivo cerca de la Escuela de Artillería y entre los barrios Danubio y La Fiscala, y el intento de colocar un automotor con explosivos en el Centro Comercial Gran San.
Los delitos
El fallo de primera instancia contra varios miembros de la Central de Inteligencia Conjunta del Comando General de las Fuerzas Militares en Bogotá, concluyó que “existen suficientes pruebas para establecer la responsabilidad de los oficiales en los hechos que tenían como propósito sembrar el pánico en la ciudad y, una vez ubicado el material explosivo, demostrar su excelente desempeño como agentes de la inteligencia militar”.
Una Comisión Especial Disciplinaria señaló que con estas conductas se incurrió en los delitos de concierto para delinquir, terrorismo, homicidio, lesiones personales y daño en bien ajeno. Y calificó como gravísima la actuación de los oficiales del Ejército.
“Además de las contradicciones encontradas en las versiones de los oficiales, el Ministerio Público demostró que existieron comunicaciones telefónicas entre ellos y la señora Lidia Álape Manrique, alias Jessica, y reuniones en los centros comerciales Plaza de las Américas y El Tunal, ocurridas en el periodo comprendido entre días antes al supuesto descubrimiento del primer vehículo cargado con explosivos en el Centro Comercial Caracas, hasta días después del atentado en que perdió la vida un particular y resultaron lesionados varios militares que se desplazaban en un convoy en el sector del barrio Gaitán”, indicó la Procuraduría.
Otras pruebas en contra
También se determinó que el mayor (r) Hermida Benavides, como Jefe de Análisis Operacional y Director encargado de la Central de Inteligencia Conjunta del Comando General de las Fuerzas Militares en Bogotá, y el entonces capitán Barrero Calderón, Jefe del Blanco Eln de la misma unidad, intervinieron para que se pagaran siete millones 500 mil pesos, como recompensa por la información, a Lidia Álape Manrique y Néstor Germán Pérez.
Según el Ministerio Público, Álape Manrique y Pérez eran “supuestos informantes con quienes se había establecido el acuerdo para obtener los falsos positivos, lo cual produjo un incremento injustificado en el patrimonio de estas personas”.
En la decisión se absolvió al coronel Horacio Arbeláez Sarmiento, como director de la Central de Inteligencia Conjunta del Comando General de las Fuerzas Militares en Bogotá.
