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- Investigarán no sólo a soldados sino también DAS, Policía y Fiscalía.
- No se ha podido establecer si víctimas fueron fusiladas o cayeron en combate.
- El ministerio público busca saber quiénes manipularon pruebas del hecho.
Un nuevo giro en la investigación disciplinaria por los hechos ocurridos en Guaitarilla, Nariño, entró a estudiar la Procuraduría ante la imposibilidad de esclarecer lo que realmente ocurrió la noche del pasado 19 de marzo, cuando murieron siete policías y cuatro civiles emboscados por una patrulla militar.
El Ministerio Público consideró abrir una nueva indagación contra los implicados por la manipulación de las pruebas en el lugar donde ocurrieron los hechos, lo que no ha permitido establecer si las víctimas fueron fusiladas o cayeron en un combate.
La investigación incluiría no sólo la conducta de los miembros del Ejército implicados en los hechos, también estaría dirigida a la actuación de funcionarios de la Policía, la Fiscalía y el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, que también estuvieron en el lugar del crimen.
El caso en la actualidad está a cargo de la Delegada para las Fuerzas Militares y el despacho del Procurador. Ambas dependencias intentan establecer el operativo desplegado por el Ejército, las circunstancias en las cuales se produjo el enfrentamiento y la actuación de un general de la República.
Hace tres meses, la Procuraduría formuló pliego de cargos contra dos coroneles, dos capitanes, cinco suboficiales y un agente de la Policía por su posible actuación irregular en el caso y calificó la actuación de los policías muertos y los civiles que lo acompañaban como ilógica e irregular.
A juicio del delegado de la Procuraduría para la Policía, Fernando Brito, los uniformados posiblemente utilizaron bienes de la institución en provecho propio y de terceros, con fines que no eran del servicio. La actuación de los servidores, supuestamente, no correspondió a las órdenes dadas y al tipo de acción que debían cumplir.
El Delegado Brito concluyó en el auto emitido, con base en pruebas documentales y el análisis de los testimonios rendidos por quienes participaron en los hechos, que el probable fin de los policías muertos fue el de apoderarse de un cargamento de cocaína de común acuerdo con miembros de una organización delincuencial.
Estas razones llevaron al Ministerio Público a solicitar a la Justicia Penal Militar revocar la medida de cesación de procedimiento y vincular a una investigación penal a quienes integraron la patrulla que participó en la emboscada a la caravana policial y a los oficiales que diseñaron la operación.
El Ejército, a juicio de los investigadores de la Procuraduría, debió efectuar labores de inteligencia previas para establecer la acción militar que se iba adelantar y guardar las previsiones necesarias con el fin de capturar a la banda delincuencial que perseguían y aportar indicios para vincularlos judicialmente.
Contrario a lo expuesto, la acción que se adelantó en este caso, según la apreciación de la Procuraduría, fue la de preparar un operativo encaminado a dar de baja a los emboscados, a sabiendas que no trataba de un grupo paramilitar.
El Ministerio Público solicitó vincular a la investigación al Jefe de Operaciones y al Comandante del Batallón Batalla de Boyacá, que firmaron la orden de operaciones tras la información que se recibió de un delator. Además, pidió abrir investigación penal a un cabo y un soldado que supuestamente apoyaron a los miembros del Ejército que adelantaron la operación y que informaron la llegada de los policías y civiles al sitio de la emboscada.
Un caso muy difícil de resolver
El procurador General de la Nación, Edgardo Maya Villazón, dijo sobre el caso Guaitarilla que fue tal la manipulación de las pruebas por parte de las autoridades que es probable que nunca se descubra la verdad.
"Todos los que intervinieron cometieron irregularidades. La investigación está enfocada a resolver si los policías fueron ejecutados o muertos en combate. Las pruebas no nos han permitido saberlo y la mitad de los testigos están muertos", indicó el titular del Ministerio Público.
Una de las evidencias sobre la manipulación de pruebas, según las declaraciones de Maya Villazón, es que las armas asignadas a ciertos policías no corresponden a las que aparecen al lado de cada uno. "No existe explicación lógica", dice el Procurador, para que en los videos del hecho aparezca una bolsa de suero cerca de uno de los occisos.