Mientras el ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Diego Molano Vega, explica que la extensión de los contratos para que Claro y Movistar utilicen el espectro electromagnético por diez años más "no es automática ni gratuita", algunos sectores plantean dudas e inquietudes frente a esa decisión.
El congresista antioqueño, Eugenio Prieto Soto, sostiene que hay una discusión jurídica porque la Ley 1341, que soporta la posibilidad de la habilitación del servicio riñe con el Artículo 75 de la Constitución Nacional, que hace referencia al acceso democrático del espectro electromagnético.
"El Gobierno tiene en estos momentos un tema muy delicado y es cómo valorar la infraestructura, los bienes, equipos lógicos y aplicaciones que deben revertir quienes se beneficiaron por 20 años de la concesión", añade Prieto.
El Senador se abstiene de calificar la decisión tomada por el Gobierno, pero indaga por el fundamento constitucional que tuvo el Ministerio para extender el contrato a unas empresas que ya han prestado los servicios por 20 años, y que en virtud de la prórroga de la concesión podrían permanecer por 20 años más. "Yo no sabría decir si falta transparencia, pero si hay dudas", insiste.
Lo que piensa el Gobierno
Al anunciar la renovación de los contratos a Claro y Movistar, Molano señaló que esta se hizo acogiendo la Ley 1341 que permite a los operadores de telecomunicaciones solicitar la renovación de los permisos y al Estado garantizar la continuidad del servicio, y que ambas empresas iniciaron ese trámite en noviembre del año pasado.
El Ministro también advirtió que la extensión otorgada está condicionada a mayores exigencias de calidad, como planes de mejora en microzonas con evidencias de mala calidad, restricción de la venta a nuevos clientes en caso de una caída en las redes o incumplimiento de indicadores y acceso directo del Ministerio a la información de los operadores.
En cuanto al valor que deberán pagar los operadores para el uso del espectro este contempla dos conceptos, el de habilitación general, que en el caso de Colombia la ley establece que los operadores de telecomunicaciones deben pagar el 2,2 por ciento de los ingresos brutos y la valoración del espectro para lo cual una firma internacional experta aplicó un modelo que contempla procesos nacionales e internacionales similares.
En esas condiciones el Gobierno espera recaudar 4 billones de pesos en los próximos 10 años, que serán invertidos en proyectos sociales del Plan Vive Digital.
Otras fuentes consultadas por El Colombiano indicaron que las frecuencias entregadas por 10 años más a Claro y Movistar debieron haberse adjudicado por licitación y no a dedo, porque al expirar la concesión se necesitaba abrir una nueva subasta.
Por su parte el presidente de Une, Marc Eichmann, desconociendo la decisión adoptada, le volvió a pedir al Ministerio de las TIC que adelante "un proceso de selección objetiva" para que adjudique el espectro en la banda de 850 MHz, el cual pasará a manos del Estado en virtud de lo previsto en las cláusulas de reversión de los contratos de concesión del servicio de telefonía móvil celular.
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