La semana pasada, un jurado en Nueva Jersey condenó a Dharun Ravi por invasión de privacidad, y con razón. Ravi activó la cámara en su cuarto en Rutgers para poder espiar a su compañero de cuarto, Tyler Clementi, durante un encuentro romántico con otro hombre. Peor aún, anunció vía Twitter que pensaba repetirlo e invitó a sus amigos a verlo.
Este tipo de espionaje no debe estar permitido en un campus universitario.
Lo descabellado del caso de Ravi es el duro castigo que ahora enfrenta: hasta diez años de cárcel para un hombre de 20 años quien nunca se había visto envuelto en problemas legales.
Ravi podría pasar años en la cárcel porque, además de espionaje, fue condenado por un crimen de odio: intimidación sesgada, una condena probablemente influenciada por el suicidio de Clementi después del incidente. Según las leyes del derecho civil de Nueva Jersey, un individuo está sujeto a una pena mucho más agresiva si el jurado encuentra que cometió una de entre varias ofensas con el propósito de atacar a alguien por causa de su raza, etnicidad, religión, incapacidad, género u orientación sexual.
La idea de proteger a los grupos vulnerables es bien intencionada. Pero con la nación en alerta por agresores escolares (bullies), especialmente cuando éstos actúan por medio de la tecnología y el internet, estos estatutos de derechos civiles se están ampliando para poder investigar a jóvenes, quienes actúen de forma maliciosa, mas no violenta. Los derechos civiles no deben ser para esto.
El estado de Nueva Jersey aprobó uno de los primeros estatutos de crímenes de odio en el país en 1981, declarando ilegal quemar crucifijos o utilizar suásticas para aterrorizar y amenazar violencia. En 1990 la legislatura sumó años de cárcel por prejuicios de raza, etnia o religión. “De ahora en adelante los crímenes de odio serán crímenes serios”, dijo el Gobernador, Jim Florio, cuando firmó el proyecto de ley, citando como ejemplo “una llamada telefónica a la medianoche que deja símbolos odiosos en su camino o comentarios racistas”.
En Nueva Jersey, casos de intimidación sesgada típicamente han incluido una ofensa violenta subyacente. Las personas han sido declaradas culpables según las normas civiles por tirar puños mientras gritan un apelativo racial, por golpear a un hombre con una vara metálica al tiempo que lo insulta por ser de la India, y por amenazar con dispararle a un conductor, haciendo un comentario racista y luego persiguiéndolo por millas. Estos son casos en los cuales el prejuicio se convierte en un daño feo y serio.
Jóvenes también han sido condenados previamente por intimidación sesgada. Un joven fue condenado por ser el líder de un grupo de niños que la cogieron contra una niña, diciéndole lesbiana. Otro joven se metió en problemas por estrujar a un niño, mientras hacía un comentario racial y amenazar con colgarlo de un árbol. Pero como menores, los niños en estos casos se ahorraron castigos severos. El niño que estrujó al otro tuvo que pasar diez días en un centro de detención juvenil y leer el libro “Negro Como Yo”.
Ravi tenia 18 años cuando espió a Clementi, legalmente era adulto pero hizo cosas que apestan a inmadurez homofóbica. Le dijo a un amigo que quería “mantener alejados a los gays”, y cuando montó la cámara la segunda vez, sus tuiteos y mensajes de texto demostraban que estaba feliz usando la homosexualidad de Clementi para conseguir atención.
¿Acaso Clementi se sintió intimidado por el espionaje de Ravi? Los antecedentes son mezclados pero alterados por el suicidio de Clementi apenas un día después del segundo incidente. Aunque no está claro cuánto influenció Ravi en las acciones de su compañero de cuarto para acabar con su propia vida, la proximidad temporal es escalofriante.
Dada la amplitud con la cual están escritas las leyes, no es sorprendente que los fiscales recurrieron a ellas para elevar los cargos imputados contra Ravi, especialmente porque esto normalmente aumenta la presión contra el defensor para declararse culpable. El estado luego le hizo una oferta justa a Ravi: servicio a la comunidad a cambio de admitir que invadió la privacidad de Clementi. No aceptarla fue error de Ravi.
Si Ravi pasa años en la cárcel, su caso será un precedente alarmante de castigo desproporcionado. El espionaje del cual fue culpable es criminal, pero también fue, como lo dijo su abogado, comportamiento “estúpido de jóvenes”.
Ravi no es la única persona que se ha visto atrapada en esta trampa legal. Después de decidir que la agresión escolar fue culpable de la muerte hace dos años de la quinceañera Phoebe Prince, en South Hadley, Massachusetts, fiscales imputaron cargos criminales contra seis jóvenes. En ese caso, el fiscal usó las leyes de derecho civil del estado para culpar a cinco de ellos directamente por la muerte de Phoebe. Como Ravi, se vieron enfrentados a una sentencia de hasta diez años. Ni hablar de que anteriormente la ley de Massachusetts fue utilizada contra matones violentos y racistas. Porque fue escrita ampliamente, como la de Nueva Jersey, los fiscales pudieron apoderarse de la ley porque “enviaba un mensaje” sobre la agresión escolar, como dijo después uno de ellos.
Los casos de Massachusetts terminaron en lloriqueos: después de que el fiscal distrital, quien imputó los cargos se retiró, su sucesor retiró los cargos contra uno de los jóvenes y sabiamente resolvió los casos en contra de los otros cinco, quienes admitieron algo de culpa, con libertad condicional y servicio a la comunidad.
Claro está que Ravi no será tan afortunado. Estados como Nueva Jersey y Massachusetts deben limitar las leyes de derechos civiles para que él no sea el primero de muchos jóvenes estúpidos pero no violentos que paguen una pena demasiado alta por culpa de nuestros temores hacia cómo los jóvenes usan la tecnología para la crueldad.
