Cuando muchos latinoamericanos quieren hacer comparaciones entre un Estado que funciona y otro que no, miran hacia los Estados Unidos. La potencia norteamericana es tomada como la referencia que sí funciona, en visible contraste con la precariedad institucional de nuestras propias naciones.
Hemos visto allá, desde hace décadas, eficacia administrativa, eficiencia empresarial, vigoroso sentimiento democrático, defensa de las libertades y una indiscutible unión nacional sobre lo que consideran sus valores patrióticos irrenunciables.
Las últimas semanas, no obstante, la fractura política que se vive entre el Congreso y la Casa Blanca vienen generando justificada inquietud en la opinión pública y los mercados financieros de todas partes.
Por falta de presupuesto, hoy ajusta una semana el cierre de varias dependencias estatales (federales), la cesación de actividades de por lo menos 800 mil funcionarios, la parálisis de entidades públicas, museos, monumentos y dependencias como la encargada de tramitar y expedir visados. Y sin asomos, por lo pronto, de próxima solución.
El sistema presidencialista norteamericano, tan propicio para la gobernabilidad de una potencia militar y económica, tiene que vérselas con contrapesos de poder que su organización política considera uno de sus más estimados valores.
Contrapesos establecidos no solo en su vieja Constitución, sino por los mismos votantes estadounidenses, que en cada elección se cuidan de repartir la composición del Congreso de manera que rara vez se juntan allí mayorías del mismo partido que domina la Casa Blanca.
Ahora, el demócrata Barack Obama tiene mayoría en el Senado, pero no en la Cámara de Representantes, que es donde le tienen bloqueado el presupuesto de la Nación, y es previsible que le impidan el aumento del techo de la deuda permitida, cuestión tan grave o más que la primera.
El endeudamiento de Estados Unidos sobrepasará el cupo permitido de 16,7 billones de dólares. El presidente Obama insiste en la necesidad de aumentar su límite, si el Estado quiere continuar con sus tareas. Los republicanos, por el contrario, quieren imponer al Ejecutivo un recorte presupuestal y un compromiso de no seguir creciendo programas estatales ni, por asomo, intentar coberturas asistencialistas, un tema prohibido para los republicanos.
Estos aún tienen muy presente la filosofía de Ronald Reagan, según la cual ante la existencia de un problema, la peor solución es llamar al Estado: "Si tienes un problema y llega el Estado a resolverlo, ya tienes dos problemas", decía el expresidente republicano (1981-1989). Por paradojas de la historia, fue un demócrata (Bill Clinton ) el que más ha reducido el déficit fiscal de la superpotencia, y un republicano (George W. Bush ) el que más lo ha desbordado.
Luego de la crisis económica de hace cinco años, la economía no ha podido generar los ingresos suficientes para cubrir la deuda. Ese es el meollo: no es el crecimiento de la administración, como dicen los republicanos, sino la lentitud del crecimiento económico. Obama, por su parte, no está dispuesto a sacrificar su programa bandera, la reforma a la salud -el Obamacare-, su legado histórico.
Los republicanos radicales están dispuestos a lo que sea. El presidente cede poco y alza la voz. El afectado, por desgracia, será el mundo entero.
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