Los indicadores para la justicia colombiana han sido cada vez más desfavorables.
Y no es para menos, como servicio público, muchos colombianos vemos este sistema como un aparataje paquidérmico. Su lentitud está acuñada en una cantidad de impedimentos y trámites que derrumban la confianza y credibilidad de los ciudadanos.
Las diligencias jurídicas son constantemente aplazadas o dilatadas, pese a la importancia que tienen para las personas que están privadas de la libertad.
En otros casos los funcionarios judiciales filtran información. Prueba de ello son las revelaciones que los medios de comunicación hacen, vendiendo la etiqueta de confidencialidad, propia de la reserva del sumario. Casos se han visto en los que primero se entera la opinión pública que el mismo acusado.
Recientemente esta rama ha atravesado por sonados escándalos. Hace poco estuvo en el ojo del huracán el tema de las pensiones de los magistrados del Consejo de la Judicatura.
Es claro que la labor de los altos funcionarios es muy importante, pero su credibilidad no debería verse afectada por intereses personales. El sentido de la ética es una vestidura obligada en la labor judicial.
El Ministerio de Justicia se desligó del Ministerio de Seguridad Social para tener más autonomía.
En esa división debutó como ministro Juan Carlos Esguerra, conocido en el país por un tremendo desacierto: la reforma a la justicia, propuesta en el 2012.
La jaula de micos, de no ser por el eco de las redes sociales, hubiera sido un esperpento jurídico y social.
Así que Ruth Stella Correa llegó al Ministerio. Generó grandes expectativas, pero parece que será una frustración más.
Según el proyecto de ley que será presentado al Congreso para la gravísima crisis carcelaria, el remedio saldrá más costoso que la enfermedad. La propuesta le carga más responsabilidades a los departamentos y municipios, algo peligroso y absurdo. Estos entes se encuentran desfinanciados y la politiquería y la corrupción campean en algunos.
De otra parte, es fácil imaginar a los capos manipulando esa política carcelaria. Si no se ha podido controlar el sistema de casa por cárcel, cómo será con el tráfico de influencias con gobernadores y alcaldes.
La cacareada Ley de Justicia y Paz deja hasta ahora cerca de 40 mil delitos confesados por guerrilleros y paramilitares.
Muchos de ellos llevan un rato en la cárcel, pero a la gran mayoría ni siquiera les han iniciado su proceso penal.
Según lo manifestó el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, se requieren cien años más para evacuar todo lo que demanda la Ley de justicia y paz.
Según Liliana Donado, jefe de bienes de la Fiscalía, faltan muchas investigaciones en el proceso, con el fin de que entreguen las propiedades que hurtaron y poder obtener recursos para reparar a las víctimas.
Hasta ahora, muy pocos bienes producto de su actividad delincuencial se han podido arrebatar. Y miles de paramilitares están en camino de recuperar su libertad, tras 8 años en prisión como pena alternativa.
Con ese panorama, el tema de la justicia colombiana hoy cobra más importancia que nunca.
El país tiene que hacer frente a su pérdida de credibilidad. En medio de un proceso de paz, un sistema de justicia con credibilidad, es una tarea irrenunciable y urgente para enfrentar el posconflicto.
Pico y Placa Medellín
viernes
0 y 6
0 y 6
